Nadie es profeta en su propia tierra

El 4 de abril se anunció de la adquisición de las 13 plantas de energía eléctrica de Iberdrola en México por parte del gobierno. Diferentes voces se han expresado y ahora es posible tener una opinión con mayor perspectiva.   

En primer lugar, debemos ponderar si hay mérito en priorizar la seguridad energética sobre otros posibles objetivos. La estrategia gubernamental de priorizar la seguridad del abasto de la energía eléctrica no es contario a lo que están haciendo otros gobiernos. Apenas en octubre del año pasado, el gobierno de Emmanuel Macron inició un proceso para adquirir la totalidad de las acciones de la empresa EDF. El gobierno de Francia planea pagar 9.7 miles de millones de dólares por incrementar su participación accionaria en EDF de 84 a 100%.

Recientemente, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos ha tomado medidas más ambiciosas en favor de su seguridad energética. Hay medidas de eficiencia, subsidios y otra más costosas. Bajo el argumento de la seguridad energética, la Ley para la Reducción de la Inflación  contempla subsidios fiscales por 270 mil millones de dólares. 

Y si usted pensaba que era de países comunistas el establecer que el Estado tenga una participación de 54% en la generación de energía eléctrica, aquí le enlisto algunos países cuyas empresas estatales tiene al menos el 50% de la generación eléctrica (datos de la OCDE): Canadá, Israel, Francia, Noruega, Suiza, Bulgaria, Islandia, Chipre, Sudáfrica, entre otros.

En segundo lugar, un aspecto fundamental que ha pasado desapercibido en el debate, pero que es crucial, es la cantidad de litigios y procesos subjúdice vigentes desde que se aprobó la Ley Eléctrica. En su anuncio del martes pasado, el presidente López Obrador señaló expresamente que se “inicia una nueva etapa en la que el sector privado, incluyendo a Iberdrola, es bienvenido a invertir en el desarrollo de energías renovables en el país”.

Es decir, el gobierno anuncia que se acabaron las restricciones a la inversión de empresas privadas en la generación de energías renovables y eso explica el porcentaje que Iberdrola conserva. Tiene lógica; una vez que el gobierno ha reforzado la seguridad energética adquiriendo plantas de ciclo combinado, que generan energía estable (energía firme), se abre el espacio para que las empresas privadas retomen la inversión en plantas de energía renovable (energía intermitente).

Es una buena noticia que, para que sea creíble, debe acompañarse de un cambio de relación entre la CRE, de Rodolfo Melchi, y el sector privado, pero sobre todo, entre la CFE, el Cenace y la Sener, para sentar bases bajo las cuales se reactiven las relaciones de generación con la certeza que implica el vender a la red eléctrica energía producida en condiciones de mercado; esto es, tarifas neutrales, y no ideológicamente definidas.

Por último, es importante señalar que las plantas que se están adquiriendo no son viejas. Se trata de plantas que tiene una vida útil remanente promedio de 28 años. La edad promedio de las centrales térmicas de la estatal es de 42.6 años y han rebasado el tiempo para el que fueron diseñadas. Tres de estas plantas ya acumulan un uso de 50 años, cuando su periodo de vida útil es de 30 años. Las más antiguas de Iberdrola son de 2002 y la última es la planta Tamazunchale II, que entró en operación en 2022, y las del noreste, entre 2017 y 2019.

Esos activos están valuados en los rangos inferiores con todas la a metodologías de evaluación de M&A y la referencia que se utiliza es que Iberdrola vende a 11 veces Ebitda, activos cuyo único comprador era la CFE, pero no considera que la empresa estatal gana en eficiencia porque las actuales se usan al 40% y se les puede llevar a 70-80 por ciento. Eso, a su vez, permitirá absorber mayor capacidad de generación de renovables.

Finalmente, la operación va a pagar 700 mdd en impuestos, así que el precio neto final pasa de 6 mil mdd a 5 mil 300 mdd para el gobierno. La TIR de la operación sube a 20%, muy superior a operaciones similares en el mercado. No se usa presupuesto ni deuda para la operación y la inversión se paga con los flujos futuros de las plantas, lo que permitirá optimizar el flujo de gas entre Pemex y CFE con estas plantas. De eso platiquemos después.