Panaut: el costoso entuerto

Si la razón de ser del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) es enfrentar y prevenir delitos como secuestros o extorsiones mediante el uso de teléfonos celulares, esto es hacer el trabajo que no han logrado ni para evitar el tráfico de celulares en penales federales en la SSPC, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, bien podrían disponer de una parte de su cuantioso presupuesto para que sea “trasladado” al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Adolfo Cuevas. Recuerde usted que ha sido elevada siempre la pérdida presupuestal asociada a los “registros fallidos”, como el de 2009, cuando se entercaron en crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que también buscaba combatir la delincuencia y en las mismas condiciones. Para el Renaut se pedía mandar un mensaje de texto con el nombre y CURP del usuario. Ahora quieren, al menos, huellas digitales (biométricos).

El problema es que ese alcance de abril realizado en el Senado, que incluye un Panaut biométrico pegados a los IMEI, implica una inversión superior a los mil millones de pesos. Para el 2021, el presupuesto autorizado fue de 1,510 millones de pesos, pero por cobro de “regalías regulatorias”, perdón, derechos de espectro y hasta multas por cualquier cosa, el IFT aportó 24,350 millones de pesos el año pasado a la Tesorería de la Federación, algo así como 16 veces lo que cuesta.

Traemos esto a colación porque todo discutieron los senadores, menos el cómo sería fondeado el “in-ge-nio-so” mecanismo de control de extorsiones telefónicas, pues para quien suponga que mil millones de pesos es mucho, debe considerar lo que implica construir una infraestructura de información robusta, segura, impenetrable y redundante, para dar albergue a más de 100 millones de registros móviles (el INE tiene alrededor de 80 millones de registros de huellas y su capacidad de procesamiento central tiene un costo aproximado de 400 millones de pesos por año), con sus respectivos biométricos.

Estos últimos son datos muy sensibles, porque su mal uso o pérdida coloca en situación de grave riesgo a los particulares. En México, según la GSMA, superó más de medio millón la consulta de IMEI (el número de identificación único de cada celu-sim), por lo que puede imaginar la capacidad de respuesta a cada consulta que pudiera tener el Panaut.

¿Y si luego nos vuelven a salir con que necesitan un padrón de celulares administrado desde la Luna?, se la cobran a Ricardo Mejía Berdeja. Igual, si el IFT no tiene presupuesto, caerá en el supuesto constitucional de que nadie está obligado a lo imposible, ¿o sí?

DE FONDOS A FONDO

#Jañez… Cuando la inclusión avanza, la sonrisa fluye. Ayer se dio a conocer la incorporación de la extraordinaria ejecutiva Claudia Jañez como consejera independiente en HSBC, que dirige Jorge Arce, quien es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Recordará que ella dejó de ser CEO de Dupont México, pero será, a finales de junio o los primeros días de julio, cuando se nombre el nuevo Comité Ejecutivo completo, incluyendo a quien la sustituya en la presidencia.

#CNBV… Ha sido interesante el cambio del criterio de Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, sobre la discusión acerca del reparto de dividendos, tema que, en la ABM, que preside Daniel Becker, de Mifel, estaba entre los trending topics desde la pasada convención bancaria.

Como recuerda, la “recomendación” de la autoridad fue no repartir dividendos en 2020, reconociendo el incierto panorama y su efecto sobre los balances bancarios por el cierre de la economía covid-19, pero una vez que concluyó la evaluación de junio, con los alcances regulatorios y bajo el parámetro que arrojó el Índice de Capital Agregado y reservas constituidas sobre pérdidas potenciales que, además, cubrieron 100% de portafolios en hibernación, se autorizó en la Junta de Gobierno, que encabeza el secretario de Hacienda, pasar de nada a un porcentaje, que si no es lo deseado, va en el sentido correcto.

#Aleatica… El juez cuarto de lo Civil en la Ciudad de México resolvió que la empresa Infraiber, a través de su apoderado legal, Paulo Díez Gargari, ocasionó daño moral a Aleatica, de Rubén López, por lo que ordenó el pago de una indemnización y dar publicidad a la sentencia respectiva. Falta el recurso.