Para el análisis fiscal e industrial

Apenas ayer, la Cámara Nacional Azucarera, que encabeza Humberto Jasso Torres, agradecía a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y al titular de la Administración de Aduanas, Horacio Duarte, por la decisión de combatir el contrabando técnico de azúcar procedente de Centro y Sudamérica, cuando pareciera que la liebre brinca por donde menos se le espera.

Fíjese usted en el caso de la cerveza y el de los destilados. La primera, una agroindustria con alto impacto económico, integración económica y alto valor agregado, y la segunda con lo mismo, pero en beneficio de los países de donde se importa.

Como el año pasado la producción de cerveza se consideró no esencial, porque a algún subsecretario de Salud le pareció adecuado prohibir su consumo, la producción de la bebida cayó 4.7%, respecto al 2019, al reducirse a 118.7 millones de hectolitros.

Las exportaciones totalizaron 37.6 millones de hectolitros, con caída del 6.2%, y la balanza comercial registró una caída de 118 millones de dólares respecto al 2019, al ubicarse en 4,645 millones de dólares.

Veamos el caso del impuesto: el IEPS a cerveza y bebidas refrescantes implicó ingresos al fisco de 34 mil 957 mdp, 19.2% menos que el año anterior, insisto, producto de la restricción de producción, ventas y cierre del canal de distribución, leyes secas, etcétera.

Por eso brinca el dato del IEPS de bebidas alcohólicas, dado que no tuvieron restricción alguna en producción en sus países de origen, en el 2020 el IEPS que pagaron sumó 17,355 millones de pesos, un 8% más que el año anterior. ¿Y cómo le hicieron para que no les afectaran los cierres de distribución?, ¿o qué… emborrachan menos que la chela?

Lo traigo a colación porque el activo senador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, ha vuelto a introducir su iniciativa de reforma a la estructura del IEPS para destilados, con todo y que la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, y el SAT, de Raquel Buenrostro, le han dejado en claro que no les interesa hacer ningún descuentito del IEPS a los importadores de whisky, el vodka y la ginebra, que, dicho sea de paso, no dan empleo en México.

DE FONDOS A FONDO

#Optimismo cauteloso… El fin de semana pasado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, emitió un tuit sobre su encuentro con el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), Juan Manuel Delgado, para dialogar sobre la inversión, los planes, desarrollos y permisos de las empresas que tienen contratos petroleros firmados con el Estado mexicano.

La foto muestra a Nahle y Delgado sujetando el libro que la Amexhi presentará el 16 de marzo bajo el título La energía de un pueblo, un título muy cuatroteísta, para tratar el tema de inversión social que hacen las compañías petroleras en, por lo menos, 120 localidades o municipios del país.

Pero la foto y el tuit parece ser un mensaje de certeza en un entorno complicado, dirigido al medio centenar de empresas que han invertido en la fase inicial de los contratos petroleros casi 16 mil millones de dólares (mdd), de 41 mmd programados en varios años (se le han pagado al Estado 5,200 mdd).

#ASPA. Ayer se efectuaron elecciones en ASPA de México para definir la integración de 10 puestos del Comité Ejecutivo que, a partir del 4 de agosto de 2021, serán relevo del equipo que encabeza Rafael Díaz Covarrubias. Una sucesión a la que le tocará, en estos tres años, no sólo superar los efectos de la pandemia, sino de una competencia que, se antoja, será más depredadora que en el pasado.

Destaca la elección del capitán José Humberto Gual Ángeles para la Secretaría General (con formación como piloto militar y en la coyuntura actual no es cosa menor), la de Eduardo Torres Velasco para Previsión Social y la elección, por primera vez de una mujer, de Martha Yolanda Vera Araujo, en la cartera de Género e Igualdad Sustantiva, y que representa a las mujeres capitanas de la industria aérea.