Pesca, foco crítico para el Nafta 2.0

En el capítulo de medio ambiente negociado como parte del Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá (ACMEUC), que apenas inicia su proceso de consulta pública en Estados Unidos antes de ser firmado, se incorporaron obligaciones de pesca prohibida, no sustentables, furtiva, ilegal, que no proteja especies marinas en peligro de extinción y el compromiso de proteger hábitats marinos.

Evidentemente, las autoridades de Conapesca, de Mario Aguilar, lo negociaron y conocen, pero le dejan al exdelegado de Morena en Sinaloa, Raúl Elenes Angulo, designado por AMLO como próximo titular de la Conapesca, que no cambia a Mazatlán como sede, varios pendientitos.

Me voy a referir a uno. El caso del atún aleta azul y la sobrepesca realizada por dos barcos Madeira, María Antonieta y Titi, contratados por la pesquería Chichimecas del Grupo Altex, que dirige José Carlos González, que se pasaron por el arco del triunfo la cuota pesquera comprometida por México ante la CIAT por 483 toneladas, por encargo de la pesquería de Chichimecas, parte del Grupo Altex, de Roberto Servitje.

Hasta hoy, dado que Conapesca no sancionó a los barcos y sólo actuó contra Chichimecas y Servax, el proceso legal seguido ante el 16avo juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ha sido la mejor chicanada legal para prolongar la liberación del atún. El expediente 636/2018, que inicio el 24 de mayo de 2018, lleva 40 autos consignados y ninguno ha permitido la realización de la audiencia constitucional que vaya al fondo del asunto para determinar si el reglamento de Conapesca es legal o no y si ésta tiene atribuciones para ordenar la liberación. Por ende, el estado procesal es la herramienta que se utiliza, con todo el apoyo del aparato legal de Conapesca, para no liberar el atún capturado en exceso de la cuota acordada con la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT).

Justo el tema se trató en la 93ª reunión de la CIAT, realizada en San Diego, California, a finales de agosto y se emitió la Resolución C-18-01 en la que se establece que para 2019 y 2020 cada miembro cooperante (CPC) se compromete (México representado por Conapesca) a no sobrepasar el límite de 6,200 toneladas de pesca del atún bianual.

Sin embargo, luego de que Ecuador alzó la voz por la sobrepesca de México en este año, se determinó, por consenso, no establecer una prohibición de pesca, pero se dice que “cualquier CPC aparte de México con capturas comerciales históricas de atún aleta azul del Pacífico en el Área de la Convención podrá capturar 600 t. de atún aleta azul del Pacífico en pesquerías comerciales en 2019 y 2020, combinados, pero sin superar 425 toneladas en cualquier año.

Además, “cualquier exceso de captura será restado de la captura del año siguiente y, por ende, serán restados los límites de captura aplicables a México”.

Mire, si nos ponemos la lupa y empezamos por el ordenamiento de la casa, es muy dudoso que Chichimecas libere la especie a pesar de que Baltazar Hinojosa, aún titular de Sagarpa, y Mario Aguilar han buscado un acuerdo para que Servax ceda en el litigio, pues tiene una suspensión de la medida ordenada.

Mientras Conapesca no acuse a los barcos, con las pruebas de trazabilidad de la pesca en su poder, todo compromiso internacional suscrito se vuelve un simple sujeto de impugnación judicial, y júrelo que el juez que lleva el caso se echará 80 o 100 acuerdos para decidir el fondo de una flagrante violación a los límites de captura ordenados por Conapesca. Si decidiera que ésta entidad no tiene la facultad legal para hacerlo, entonces el gobierno mexicano que llega no tendrá capacidad para regir la pesca en el mar, comercial, deportiva o furtiva. ¿No cree usted? La medida de sanción más importante en el ACMEUC es el embargo… ¿le suena?

DE FONDO A FONDO

#ReplicableParaTodo…  La decisión de Consar, que lleva Carlos Ramírez, de normar los tiempos y calidad de la atención a los trabajadores en el sistema de ahorro para el retiro es un parteaguas en la industria. Habría que mandarle una copia a la Profeco, de Rogelio Pérez de la Cerda, y al IFT, de Gabriel Contreras, para que le den una revisadita, porque la obligación de respuesta al trabajador en trámites realizados en ventanilla o en el contact center telefónico, como la que se establece en esta norma, hace que el servicio al cliente se convierta en el centro de sus estrategias comerciales y no en una monserga que atender.

#Canacero… La unión de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro, que preside Máximo Vedoya, con la Asociación Canadiense de Productores de Acero, que encabeza Joseph Galimberti, para exigir a los gobiernos de México y Canadá que se aborde, desde ya, la eliminación de todas las restricciones comerciales del acero y el aluminio implementados bajo los términos de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos será un punto de negociación clave en la coyuntura de aplicación de nuevos aranceles sobre la industria automotriz. Cierto, la industria mexicana está “protegida” en el acuerdo anunciado en principio, pero éste no ha sido firmado, ratificado ni ha entrado en vigor, de manera que la negociación se vuelve crítica para eliminar barreras comerciales a socios que tienen toda la intención de seguir siéndolo. Un reto importante para Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y su equipo de negociadores, porque Canacero y ACPA piden que se apliquen los mismos aranceles a las importaciones de acero que se han aplicado a México, porque las baterías de la estrategia de presión política se dirigieron a bienes y productos diferentes para darle puntería política a la sanción. La petición: si no retiran el arancel, apliquen a las empresas estadunidenses la misma represalia en el acero.