Política industrial y nearshoring

Todo el sexenio pasado, el sector privado, y en particular el industrial, insistió con el titular de Economía y del Ejecutivo para que se implementara una política industrial efectiva, no salida del Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, de un escritorio de planeador, sino confeccionada con las voces de las empresas que integran a la industria del país en todos sus segmentos y sectores. Le comenté que el jueves de la semana antepasada se realizó la reunión en la que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, presentó a los integrantes de la Concamin, que preside José Abugaber, un documento que resume, en grandes líneas, la propuesta de política industrial de la administración, mismo que ha sido enviado a toda la membresía para que pueda comentarse en la reunión del Consejo de la Confederación, que se realiza este jueves en el puerto de Veracruz. 

En México, desde finales del siglo pasado, ser empresario e industrial es un acto de fe, pues hay que transitar un entorno muy complicado para hacer negocios y donde el chantaje de dirigentes locales, munícipes y burocracias municipales, sindicatos locales y federales, gobiernos estatales y hasta los sistemas de reglas federales parecen unidos en la tarea común de no generar valor económico, sino destruirlo. 

Este martes se realiza el foro Fortalecimiento de las Cadenas de Suministro de Semiconductores entre México y Estados Unidos, donde la atracción de la industria procedente de Taiwán, Corea y China se vuelve crítica. Pero la pregunta que deberán responder los secretarios Clouthier, Rogelio Ramírez de la O o los empresarios Enrique Yamuni, cabeza de la Canieti, o John Neuffer, de la Semiconductor Industry Association, es qué clase de incentivos deberá desarrollar México para garantizar: calidad educativa, incentivos, seguridad jurídica, energía estable abundante y limpia, seguridad física y, finalmente, impositiva. 

Por ello, la propuesta del sector industrial en materia de política industrial, que se simplificó (4 páginas y 23 puntos) para hacerla conversable, no deja de subrayar la necesidad que tiene el gobierno del presidente López Obrador y todos los gobiernos estatales y municipales de este país de reconocer el impacto de la inseguridad y los costos que ésta ocasiona en los negocios y personas. 

Y, por inseguridad, no sólo hablamos de la afectación física, sino también de reforzar mecanismos para el cumplimiento del Estado de derecho (derecho de propiedad, cumplimiento contractual), lo que pasa por una estrategia que combata la ilegalidad y la piratería, donde el SAT y la ANAM asuman su responsabilidad no sólo persecutoria de lo legal, sino en particular de lo ilegal, como el contrabando y la subvaluación, que tiene de cabeza a muchas industrias, incluyendo la electrónica. Qué tendría de interesante que ofrecer México o el sureste mexicano para que se estableciera en el proceso de nearshoring una industria como la de semiconductores en alguno de los 10 parques industriales del corredor del Istmo, salvo que, en los estados del sureste, la coordinadora sindical educativa no sólo facilita ahondar en la brecha educativa respecto al centro y norte del país. 

¿Cómo lograr esa atracción si la UPCI es una maraña de trámites y quien, para demostrar una práctica de dumping, obliga al afectado a demostrar que ha perdido todo y hasta el mercado, antes de creerle al empresario local? 

DE FONDOS A FONDO 

#SHCP... El próximo 19 de agosto se realizará la reunión anual de Funcionarios Fiscales en La Paz, BCS, reunión que encabezará el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la 0, y donde la reestructuración de deudas en algunas entidades se ha convertido en un tema de urgente resolución. Ahí tiene el tema de Chihuahua, que gobierna Maru Campos, donde su titular de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, compareció y fue a explicar al Congreso que quiere eliminar el decreto promovido por Corral para terminar anticipadamente la concesión otorgada a Fibra Chihuahua, el fideicomiso que administra y opera las carreteras estatales. De haberse extinguido, Corral habría logrado el cometido para dificultar la reestructura de la deuda pública por 19,600 mdp. Esto se está repitiendo en administraciones estatales y municipales que han tenido relevo o porque les dejaron secas las arcas por la liquidación de cortos o porque el margen de endeudamiento vs. ingresos es muy reducido.