Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

18 Nov, 2022

¿Por qué abdicar de su tarea de regular en PAP?

En México, 6 leyes, 12 reglamentos y 12 NOM regulan el uso de plaguicidas conforme a la Convenio de Estocolmo, Protocolo de Montreal y la Convención de Rotterdam, pero el grupo que se autodenomina “alianza institucional y colectiva de activismo científico” quiere prohibir el uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP).

No todos los senadores ni todos los diputados de Morena piensan como los que han apoyado a esa alianza que ha tomado la decisión de impulsar el cambio en la ley, dado que el decreto presidencial del 31 de diciembre del 2020, que supone la supresión paulatina de importaciones a partir de 2024, de lo que genéricamente denominan como “agrotóxicos”.

En México, el 1% de la superficie sembrada de toda la variedad de granos, vegetales y frutas usa bioinsumos, y en muy pocos casos se utilizan algunos de los 22 que identificó el Conacyt como alternativas para sustituir al glifosato, porque no han transitado a la producción comercial al no haber demostrado su capacidad de mantener la rentabilidad de las áreas cultivadas por hectárea.

Además, no hay prueba científica de que esos biofertilizantes no tengan efectos tóxicos.

En general hablan de 8 plaguicidas PAP, pero, en concreto, la intención es prohibir la importación y el uso del glifosato en cultivos, según lo propuesto en dos iniciativas por la senadora de Morena Ana Lilia Rivera, que pretenden, además, otorgar a la Secretaría de Salud la facultad de ordenar y supervisar la reducción y prohibición de los PAP, no a la Semarnat ni tampoco a la Sader.

El pasado 14 de noviembre se había programado la discusión de la Iniciativa en la Comisión de Agricultura, pues como usted sabe, parecía que no se había escuchado a los productores y el grito de alarma que pusieron en el parlamento abierto, al considerar que la prohibición provocará la caída en la producción nacional de productos agropecuarios y pecuarios al no usar el herbicida/plaguicida que se usa en otro países y, sobre todo, porque no se han encontrado sustitutos que no impacten la producción. Para los subsecretarios Hugo López-Gatell, de Salud, y Víctor Suárez, de Sader, ha sido un tema de “cruzada personal” que le han enderezado al presidente López Obrador, pero el problema es de suficiencia alimentaria y reducción de inflación alimentaria, algo que el mandatario está especialmente atento.

Por lo pronto, llegaron dos propuestas legislativas que proponen no prohibir, sino regular el uso de plaguicidas y herbicidas, de tal manera que sean Senasica y Cofepris, efectivos brazos de investigación y prueba de los agroquímicos utilizados, y se determine en qué proporción dañan la salud de los mexicanos y no como se propone en las otras dos iniciativas prohibir con base en indicios o suposiciones.

La iniciativa presentada por el senador Rafael Espino de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda obligaría a que dichas autoridades analicen y revisen técnicamente, en laboratorio, el efecto de los agroquímicos y determinen las dosis que pueden ser incorporadas en los cultivos, esto es no prohibir, sino regular el uso en México, lo que hasta ahora no se ha hecho.

También, la senadora Nancy Sánchez Arredondo, de Morena, realizó una propuesta el miércoles 16 para que el plazo de la prohibición se amplíe 36 meses.

El prohibicionismo de facto ha logrado que una cantidad de permisos de importación de agroquímicos esté detenido en Cofepris y, aunque a nadie en Salud conviene mostrar el impacto que ha tenido en los ciclos de producción, los integrantes del grupo de activistas científicos iniciaron una fuerte campaña de presión contra los senadores morenistas que están buscando acercar posturas en el tema, pero, en especial, asegurar lo que el Presidente considera crítico: aumentar la producción agropecuaria y bajar precios. Hoy, 40% de los cultivos extensivos de hortalizas, frutas y granos usan glifosato, por su menor precio y su eficiencia. En la Cámara de Diputados, por lo pronto, Ignacio Mier comentó que se han dado un plazo de 10 a 15 días para revisar el tema y no burocratizarlo, pero con el objetivo de evaluar el posible impacto que podría tener en materia de producción agropecuaria y suficiencia alimentaria.

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