¿Por qué Sapica no se va con Altán?

Los asuntos de telecomunicaciones y asignación o devolución de espectro, las condiciones para hacerlo y las causales son un asunto de carácter federal, pero cuando una jueza civil de la Ciudad de México decide que es un asunto de contratos y, por ende, de carácter civil, es capaz de pisar sobre terreno sinuoso.

Es el caso de la jueza Magdalena Malpica, que al resolver el desacuerdo comercial entre Telefónica, de Camilo Aya, y Sapica Telecom, en el que ésta se comprometió a desplegar hasta dos mil radiobases en zonas rurales (infraestructura), y Movistar (Pegaso) a conectarlas y ofrecer el servicio, le notificó al IFT que debe suspenderse el proceso de renuncia y devolución de espectro realizada por Telefónica y regresar las concesiones a su estado original para cumplir el citado convenio privado.

Presentarlo como un caso cerrado es caer en el error, pero tenga en cuenta que Telefónica ha mantenido el contrato en sus términos, esto es, dando servicio a las 273 radio bases construidas en zonas rurales y hoy arrendadas por telefónica, y que hasta ahora están siendo utilizadas y pagadas en los términos convenidos.

Pueden seguirlo haciendo, pero no extender más allá el servicio a otras radiobases que instale en otros sitios Sapica Telecom.

Insisto, es una controversia curiosa porque la devolución del espectro es cosa realizada. Telefónica no es un operador virtual, en el sentido estricto del término, porque sólo le renta espectro a AT&T y a la vez gestiona por completo su infraestructura (radio bases y líneas) y operación y dejó de pagar al Estado mexicano.

¿Por qué habría de revertirse algo así y el IFT, que preside Adolfo Cuevas, acatar esta resolución? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda debería hacer lo que dice la jueza y cobrarle a Telefónica por el espectro devuelto?

Mire, estas cuestiones de política pública y espectro son de carácter federal, y lo civil es válido porque Sapica tiene un contrato y no fue informada de la intención de suspender el programa de conectividad rural que suscribió con Carlos Morales, ni tampoco que la empresa tenía pensado devolver el espectro y dar por terminado algo que para Sapica era un modelo de negocios de largo plazo.

Supongo que el no haber sido informada en su oportunidad le pudo causar daño patrimonial y, también supongo, en el contrato debieron quedar inscritas las cusas de terminación anticipada.

Si recurre a exigir el cumplimiento del contrato es evidente que afectó a Sapica Telecom y que ésta demanda ser compensada por pérdidas y, si tiene capacidad para el despliegue de infraestructura, pues hay sustitutos como Altán Redes, que  le podría conectar sus torres con el espectro en esas localidades rurales.

En este asunto, la jueza requirió, en dos ocasiones, al IFT la inscripción de las medidas cautelares en el Registro Público de Concesiones. Esto si es raro, porque el registro es de carácter administrativo y no es constitutivo de derechos, como presume la jueza.

El registro no es como el de la propiedad. Sume que llega al extremo de generar en medios la percepción de que la resolución de la jueza es “cosa juzgada”, cuando el expediente 419/2021 tiene aún camino por recorrer.

Finalmente, los fuegos artificiales del litigio son algo utilizable, pero lo que en realidad importa es el contrato que supone transitar tecnológicamente 114 radiobases pactadas el 31 de enero del 2019, mantener el arrendamiento de las mismas por siete años más y cumplir los arrendamientos de las 273 instaladas, incluyendo las evolucionadas. Como que eso suena más acotado, ¿no?

DE FONDOS A FONDO

#Conectadas_mx. El caso de acoso sexual en el IFT, por el que renunció el director general de Supervisión, Alejandro Hernández, debería sentar precedente. Los organismos, dependencias o empresas no tienen en ley facultades para despedir, pero debieran tenerla incluso para que la víctima pueda denunciar penalmente a quien la agrede sexualmente. Un vacío legal que bien puede revisar el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.