Raquel Buenrostro, concentración a cuestas

Una de las decisiones más controversiales del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido la centralización de las oficialías mayores y la concentración de compras en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Raquel Buenrostro.

Es una tarea enorme, que tiene a la mayoría de los secretarios de Estado quejándose en privado y con renuncias en la mano, porque operan la administración pública en condiciones de “subsistencia autoritaria”, no de austeridad republicana.

Y seguro no es mala la intención de la secretaria sin cartera, como le llaman por ahí a la oficial Buenrostro, sino que la concentración misma de la tarea ha resultado titánica.

Un caso claro en el que el presidente López Obrador tuvo que intervenir para darle celeridad, está en el retraso de los procesos de licitación de adquisición de papel y los contratos de impresión de los libros de texto, que aún no concluye y podría provocar que, por primera vez, en la historia del libro gratuito, se entreguen tarde.

Pero el caso que tendrá que resolver Buenrostro es el de la Semarnat, la Conafort y la CAMe que, por recorte presupuestal y de personal, se han convertido en una contingencia ambiental no vista desde 1998, cuando Julia Carabias era la titular de Semarnat.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Sergio Sánchez, quien acompaña en la administración a la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, es un conocedor del tema y no se duda que, quien llegue a CAMe, también lo sea. La pregunta es si tendrá presupuesto y libertad de acción para resolver la contingencia.

Sánchez, tengo entendido, participó en la integración del diagnóstico y programa de gestión ambiental que se preparó del 2016 al 2018, que incluye no solo a la Megalópolis del Valle de México, sino a todas las ciudades de más de 500 mil habitantes.

Si mal no recuerdo, el programa fue coordinado por el Centro Dr. Mario Molina, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Clean Institute, el Instituto Nacional de Salud Pública, y se integró por expertos mexicanos que trabajaron por más de 6 meses en recoger todas las propuestas de los foros que organizaron el CMM y el Comité Científico de la CAMe.

Con él se integraron los planes de mediano y largo plazos que permitieran resolver de fondo, de manera estructural, el problema ambiental del país.

Hoy se podrá señalar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum o a la secretaria Blanco, o desde las redes de la 4aT, decir que los incendios son provocados por los conservadores, pero sin recursos para implementar planes de acción reactivos para mitigar las fuentes de calor y humo y que incluyan a la Sader, de Víctor Villalobos, para que haga cumplir la NOM 015 de la Sagarpa en prácticas agrícolas, difícilmente se dejará la condición ambiental extrema hasta que la Santa Secretaría del Viento y el Ejecutivo de la Lluvia comiencen a mitigar la contingencia.

DE FONDOS A FONDO

#DespojoTequilero… Y como si no faltaran señalamientos de corrupción, ahora en el medio tequilero se conversa sobre un aparente despojo de inmuebles y empresa de la tequilera Catador Alteño, que fundó José Luis López Ángel.

A principios de 2015, él inició un juicio bajo el Proceso No.3/2015 Tomo 2, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en contra de Francisco Javier Estrada Barba, acusándolo de “despojarle” de la empresa y los predios de la misma.

López –quien se ha hecho de un nombre– asegura que cuenta con toda la documentación legal para acreditar la propiedad de la compañía; sin embargo, advierte que el juez Mixto, David Axel Ruvalcaba Hernández, ha “actuado extrañamente” en beneficio del infractor.

Además, acusa que no es la primera vez que al mismo juzgador se le acusa por supuesta colusión para el despojo de tequileras pues en 2016, María de la Gracia y Sandra Hernández Fonseca, dueñas de Tequila Centinela lo denunciaron e inclusive solicitaron un juicio en su contra.

En 2014, Catador Alteño se comercializaba en Estados Unidos, tenía una producción mensual de 30 mil litros y López Ángel estaba planeando su exportación a Asia, justo cuando ocurrió el “despojo” de la empresa del que acusa a Estrada Barba.

Hoy, todo parece indicar que en este proceso legal le asiste la razón a López Ángel, siempre y cuando las denuncias de corrupción que pesan sobre algún juzgado de Arandas, Jalisco, no se confirmen.