¡Reforma catastral detenida!: ¿por quién?

Desde el 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados devolvió, con algunos cambios, la minuta que fue aprobada en el Senado de la República, que preside Olga Sánchez Cordero, y por la cual se pretende emitir la Ley General para Armonizar y Homologar la Organización y el Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales, y los Catastros (Ley General de Registros y Catastros).

Es de todos sabido la enorme debilidad de la hacienda pública municipal, pues, salvo la Ciudad de México y Nuevo León, donde la recaudación de predial representa hasta 30% de sus ingresos, en el resto de las zonas urbanas no va más allá de 8%, lo que lo convierte en un permanente asunto político porque los municipios dependen en 90% de participaciones federales y estatales y los estados en más del 80%.

En México todavía existen registros manuales, los predios no se ubican con la geolocalización que realiza el Inegi, no se permite identificar en todo el territorio los regímenes de propiedad (privada, comunal, ejidal) ni se facilita la inscripción en los cambios de los títulos, se carece de procedimientos comunes para el registro inmobiliario y de sus dueños en todo el territorio nacional, se carece de un marco jurídico para incorporar a plataformas registrales interoperables, transparentes y auditables, por lo tanto, los actos de corrupción son la constante.

Como parte de los programas de modernización catastral, hasta antes de esta administración se habían modernizado 244 catastros, esto es, un 10% de los municipios del país, lo que da cuenta del esfuerzo presupuestal que conlleva ésta que sería la más importante reforma inmobiliaria que tenga lugar en México, dado que vincularía certeza jurídica, no manipulación manual, y confianza en el cobro del predial, con modelos homogéneos en todo el país.

Lo reforma catastral comenzó a negociarse en 2007 y, después de mucho jaloneo, particularmente sobre inscripción y avalúos con características comerciales que darán pie al pago de prediales actualizados en función del valor del terreno y de la construcción, su uso, régimen de propiedad, consignación en la Cédula Única Catastral, fue hasta el 12 de diciembre de 2017 aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores y remitida a la Cámara de Diputados.

El 2 de febrero de 2018 llega la Minuta a la Cámara revisora y de ahí salió el año pasado con 12 cambios puntuales.

Pareciera que no entra en las prioridades de Morena, que coordina el senador Ricardo
Monreal, porque la minuta con proyecto de Decreto llegó 2 de septiembre de 2021 y no han sido convocadas las reuniones de las Comisiones de Gobernación, que preside la senadora de Morena Mónica Fernández, la de Economía, que encabeza el senador del PAN Roberto Moya,
y la de Estudios Legislativos Segunda, que preside la también morenista Ana Lilia Rivera.

La presidente del Senado, Olga Sánchez Cordero, conociendo la importancia de vincular la función registral con la del catastro y el digitalizarlo, tanto como identificar su geolocalización de forma constante, ha subrayado la necesidad de realizar la revisión puntual de los cambios realizados en la minuta, pero hay quienes, a estas alturas del partido, quisieran impulsar una nueva reforma, lo que parece desinformación o apoyo a intereses corruptos, como diría el presidente López Obrador.

En la coyuntura poscovid actual, debemos destacar que, según el registro de la Sedatu, hay 15 entidades que han avanzado en la vinculación de la función registral con la del catastro (Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), pero llama mucho la atención que los destinos turísticos o con desarrollo inmobiliario costero importante ni siquiera muestren avances, como Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Baja California Sur, Nayarit y Michoacán.

Veracruz, por ejemplo, ha avanzado, pero al igual que Chiapas y Tabasco, el uso de registros manuales y planos de papel son el origen de la enorme inseguridad jurídica patrimonial.

Entidades como Baja California, Baja Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas tienen tal retraso e inseguridad que la información de predios vinculado con el catastro ¡está en cero! en el Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC).