Reforma Laboral: listo el predictamen, no los acuerdos

El dictamen que integró la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado del PES, Manuel de Jesús Baldenebro, fue entregado el miércoles por la tarde a las representaciones empresariales y obreras, en cumplimiento con el “compromiso” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero de ahí a que cuente con el acuerdo de todos, está por verse.

Los cambios son profundos y no sólo involucran a la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de Defensoría Pública, a la Ley del Infonavit y a la Ley del Seguro Social.

La reforma engloba grandes frentes: negociación colectiva, libertad sindical, derecho al trabajo, justicia laboral, seguridad social, protección de inversión de las empresas, pero en particular se incluyeron los acuerdos del Anexo 23 del T-MEC negociado el año pasado con Estados Unidos.

En principio, los tribunales laborales nacen con presupuesto, lo que implica que Hacienda hará frente al mandato, no se elimina el tripartismo entre Infonavit, IMSS e ISSSTE, pero se crean nuevas figuras.

En el Anexo 23 para cumplir con él se incluye en el 133 la prohibición a los patrones de intervenir o interferir en la organización de sindicatos y contratación colectiva, además, la representatividad de ésos la constatará una autoridad certificadora (Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral), pues debe mostrarse que el sindicato tiene al menos el 30% de la planta laboral afiliada.

Se eliminan la obligación de sindicación forzosa, la representación patronal vía outsourcing y las diferencias se resuelven en el Centro Federal de Conciliación o en los Centros de Conciliación Locales, y si en tiempo específico no hay acuerdo, pasarán a tribunales laborales. Hay disposición de negociar, siempre y cuando los centros de conciliación sean tripartitos y exista la posibilidad de injerencia de sindicatos externos (internacionales) en empresas mexicanas.

DE FONDOS A FONDO

#AZÚCAR… Cuando los excedentes de azúcar en México crecen, también lo hace la presión sobre los integrantes de la cadena de producción, que tiene buenos acuerdos, hasta que alguna de las partes se salta la tranca.

Eso pasa ahora y tendrá que ponerle mucho ojo clínico, filosofía y colmillo tigresco el titular de la Sader, Víctor Villalobos, pues este año la producción se estima en seis millones 250 mil toneladas, de las cualesx en México se consume 65% y 34% es para exportación, la mitad se vende en EU con base en las cuotas establecidas dentro de los acuerdos de suspensión y el resto va al mercado mundial.

Un actor que en condiciones como ésta es muy incisivo, es Carlos Blackaller, de la Unión Nacional de Cañeros de la CNPR. Es muy agudo en las prácticas de mercado que utilizan algunos industriales para tener liquidez y darle una rebajada al precio con el que se calcula el promedio de pago de la caña. Ayer circuló una vieja historia sobre que es socio de Sucroliq, con más del 75% Corpobamex, de Enrique Bohorquez, presidente de la AMFE y en la Unión de Cañeros participa con 5% desde su fundación.

¿Qué provocó esto? Exige un cambio en la metodología del precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, porque en la distribución de pérdidas de entre 40 y 50 pesos por tonelada de caña en excedentes comercializados fuera de México y EU, sienten que cargan con el muerto porque los industriales no cumplen. No dudo que se obligue a la cadena a sentarse a revisar prácticas que tiran el precio, pues la información siempre revela quién es el osado. La otra es pasar a la etapa de confrontación.