Regulación y ejecución en salud: ¡confusa!

A dos años y medio del cambio de gobierno y la ruptura del arreglo regulatorio que se fue construyendo a lo largo de 12 años, centrado en la autonomía técnica y eficiencia de la Cofepris y la megacompra de medicamentos organizada desde el Seguro Social, hoy el arreglo tiene de dulce, de chile y de manteca, pero ni Jorge

Alcocer, secretario de Salud, ni su subsecretario de Protección y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se han tomado la molestia de definir a todos los participantes de la industria qué función y qué responsabilidades tiene cada uno de los organismos que el presidente López Obrador ha modificado.

La Cofepris, por ejemplo, dirigida hoy por Alejandro Svarch, ha perdido autonomía administrativa y su jefe ahora es López-Gatell. El hecho de que este último diga que Svarch encontró trabas y bloqueos en cerca de 60 mil trámites y solicitudes de autorización sanitaria de medicamentos y equipo médico y que rebozaba corrupción, apunta directo al expresidente de la Cofepris, porque en este lapso sólo se ha dado autorización a 10 patentes. ¿Balazo en el pie?

Svarch tiene un mes y se advierte su llegada. Será difícil que, de la noche a la mañana, elimine la discrecionalidad en la aprobación de trámites y las carreteras de freno y aprobación que se generaron hasta paralizar al órgano de regulación, supervisión y vigilancia en materia de riesgos sanitarios, pero, si se fortalece, será en favor de una mejor ejecución de la política de salud.

El segundo atorón se inició con la desaparición del Seguro Popular. Se creó el Insabi y su titular, Juan Antonio Ferrer. Desde entonces tiene dos funciones: es el administrador de una red hospitalaria para 54 millones de mexicanos, que eliminó la afiliación, pero que carecen incluso de información de cómo y a dónde ir cuando no se tiene covid.

Su página web es poco similar a la del IMSS o ISSSTE para orientar al derechohabiente o al proveedor de cómo acceder al sistema de salud de Bienestar, ¿o me equivoco? Se pensó que el Insabi fuera “control”, pero en la práctica dicen en Conago que es “freno”. ¿Será?

Se ha regularizado a cerca de 100 mil empleados del sistema (médicos, enfermeras y administrativos), para dotar de personal de base a los 680 centros de salud (cerca de ocho mil bases) y se cuenta, según Ferrer con 981 hospitales.

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Su problema es que la prescripción médica no covid está paralizada, por lo que es constante la queja poblacional sobre falta de medicamentos antirretrovirales, insumos para diálisis y tratamientos para cáncer o hepatitis C, pediátricos especializados, por ejemplo.

El segundo mandato es actuar de contraparte con la Unops, en lugar del IMSS, en la compra consolidada de medicamentos. El Insabi compra con las claves que le da Salud y ésta recoge de lo que le da cada unidad hospitalaria, pero ninguno sabe cuándo va a recibir el medicamento.

La primera compra fue complicada y tardía y fue conducida por la Oficialía Mayor de Hacienda, la segunda compra, en lugar de concluirla en febrero, es mayo y todavía no termina, menos para medicamentos de prescripción porque la prescripción de padecimientos no covid se “administró” (suspendió) a grado tal que hasta las diálisis urgentes se están realizando en el mercado privado. ¿Será eficiente?

Finalmente, está la distribución. Se supone que, como consolidador, el Insabi la ejecutaría, pero el presidente ordenó que fuera Pedro Zenteno, en Birmex, quien utilizara la infraestructura del laboratorio nacional de vacunas para crear una red de distribución.

La megacompra de la Unops se concretó en febrero (la de genéricos), y para los de prescripción o especializados apenas están firmando contratos. Entre Alejandro Calderón Alipi y Zenteno la coordinación no ha sido muy buena. Apenas se definieron 10 regiones para almacén y en cada una hay un consolidador. En mayo ya están entregando ahí las farmacéuticas, pero a cuentagotas y no llegan con eficiencia a unidades de salud estatales (Insabi), generales (Salud), del IMSS o del ISSSTE.

En resumen: el programa y la política de salud tienen problemas de ejecución. Si se afinan, tal vez la 4T logre mejorar para 2022.