Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

13 Feb, 2023

Se endurece la negociación agrícola y energética bajo el T-MEC

El viernes pasado, México solicitó incorporarse como tercera parte en la disputa que está camino a panel de controversias entre Estados Unidos y Canadá. Lo interesante es que no tomó una posición respecto a ninguna de las dos posturas.

La definición de este panel probablemente ocurrirá antes de que curse la de Estados Unidos contra México por la imposición de regulación y prácticas gubernamentales, que de facto han impedido la importación de granos genéticamente modificados.

Será el segundo panel de controversias, pues el primero fue sobre reglas de origen automotriz, que ganaron México y Canadá.

Lo interesante es que, tras una serie de demandas provenientes de actores políticos prominentes, tanto en gobiernos estatales como en el Senado o Cámara de Representantes, dirigidos a la USDA, USTR y el Departamento de Estado y de Agricultura, diversos grupos de agricultores han demandado que se avance dentro del T-MEC en acciones decisivas, como la instalación de un panel de controversias para resolver la prohibición de importar, particularmente, maíz amarillo.

El viernes pasado, tomando como base las disposiciones del T-MEC en materia sanitaria y fitosanitaria, el jefe de Negociadores Agrícolas de la USTR, Doug McKalip, confirmado apenas en diciembre por el Senado, le dio hasta mañana 14 de febrero a la Secretaría de Economía, que encabeza Raquel Buenrostro (en tanto jefa de negociación comercial), para que presente pruebas científicas que confirmen el daño que argumentan ocasionan a las personas los granos genéticamente modificados procedentes de Estados Unidos y que argumenten con base en la ciencia, las políticas que en materia de biotecnología han impuesto y que impactan a las exportaciones de Estados Unidos.

Recordará que Alexis Taylor, subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y el mismo McKalip estuvieron en México y luego participaron en las reuniones de subsecretarios en San Diego, para resolver las diferencias que prevalecen sobre las políticas biotecnológicas que impone el gobierno mexicano y, con la que no están da acuerdo tampoco los integrantes del CNA, que encabeza Juan Cortina.

Aun cuando el presidente López Obrador, a través de Buenrostro, ha puesto sobre la mesa el extender hasta 2025, la prohibición, para las organizaciones agrícolas implica una especie de “patear el bote”, porque no resuelve de fondo lo que consideran una postura ideológica no científica, que tendrá efectos devastadores sobre la economía de varios de los estados agrícolas de la Unión Americana.

Y si considera, acorde con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que al cierre de 2022 la importación de granos y oleaginosas procedente de Estados Unidos sumó 17 mil 700 millones de dólares, el gasto más importante registrado desde 1993, se da cuenta de la importancia que tiene el multimillonario comercio.

De hecho, las importaciones de dichos granos, los afectados por la prohibición, subieron 17.6% en 2022 con respecto a 2021, cuando sumaron 15 mil millones de dólares, pero un porcentaje del incremento se debió al aumento de precio que se derivó a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues México importó 38 billones de toneladas de granos en 2022, 1.5% menos que en 2021.

Porque se presiona la respuesta: la quieren por la disputa sobre la política agrícola que, en materia de biotecnología, ha asumido México. La petición se incluyó en una carta enviadas por la USTR a Buenrostro el pasado 30 de enero, carta que no ha sido difundida, pero que reclama no sólo argumentos, sino pruebas de lo que ha sostenido el Conacyt, Semarnat y Víctor Suárez, quien, dicho sea de paso, está consciente de que uno de los problemas graves de la distorsión en precios agropecuarios ha sido la decisión de modificar los incentivos de producción agrícola a subsididos a productores de subsistencia.

Por lo pronto, en el Senado de la República (el mismo grupo de Morena se ha dividido y Cravioto no podría echar montón, con todo y Verde y PT) se ha mantenido quieto el dictamen que envió la Cámara de Diputados en diciembre, para pretender llevar el decreto de prohibición de los OMG a ley.

 

 

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