¿Sucesión adelantada en CNA?

Durante la próxima asamblea general del Consejo Nacional Agropecuario, su presidente Bosco de la Vega podría convocar a la comisión electoral del organismo para continuar con el proceso de sucesión.

Recuerde, usted, que la elección de la cual él resultó presidente, y con holgura, se realizó en junio de 2017, pero Benjamín Grayeb, su antecesor, entregó la estafeta cuando Bosco tomó posesión, de manera que el cómputo para efectos de sucesión es el 2 de febrero.

Él cumplió un año en el cargo el pasado 2 de febrero, de manera que podría, sin problema, decidir el continuar por un tercer año —está en tiempo—, pues aun cuando hay voces que indican que ya se le pasó el periodo, requerirían revisar a fondo el estatuto.

Creo que lo que haría que Bosco no buscara repetir en el cargo, tendría más que ver con sus responsabilidades como empresario, pero conociendo a su familia, no creo que le diga nada.

Según ha trascendido, Vicente Gómez Cobo —quien fue el coordinador de los temas agroalimentarios durante la campaña de Ricardo Anaya— espera contender una vez que salga la convocatoria electoral, pero el dirigente de los productores de leche no está considerando que el estatuto permite el tercer año de reelección y hasta un cuarto sometiéndose a elecciones (como en el caso de Benjamín Grayeb y de Juan Carlos Cortés).

La relación de Bosco de la Vega con Víctor Villalobos, próximo titular de Sagarpa, y con el mismo Presidente electo ha provocado muchos levantones de ceja, incluso al interior del CCE y de la Secretaría de Economía, porque a efecto de no comprometer la relación institucional del CNA, se abstuvo de firmar el desplegado empresarial del 7 de mayo, que cuestionaba las declaraciones del entonces candidato presidencial sobre el sector privado.

¡Y cómo lo iba a firmar!, si el 3 mayo había tenido como orador en su comida a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo, lo mismo que a Meade (12 de mayo) y Anaya, encuentros que se dieron en un entorno y caldeado por el tono que tomaba el proceso electoral.

Así las cosas, si Bosco presenta su candidatura (algunos la esperaban desde abril), será para reelegirse, y hasta el cuarto año, el dirigente de productores de leche, que nadie duda que cuenta con el apoyo de importantes representantes de la membresía del CNA, podrá contender contra él.

Por último, le cuento que para el Foro Global Agroalimentario, que se realizará del 10 al 13 de octubre en la ciudad de Puebla, está confirmado el titular de Sagarpa, Baltazar Hinojosa, y el presidente Enrique Peña Nieto, pues en este sexenio el gran apoyo al sector se ha traducido en tasas de crecimiento anual superiores al 11%, y que junto con el Turismo son los dos sectores de la economía que más impulso han mostrado.

Para el doctor Villalobos y el Presidente electo, el sector agroalimentario será prioritario, de manera que la unidad de los productores será clave porque se dará prioridad a la agricultura social, dado que ha comprometido precios de garantía para agricultores de hasta tres hectáreas e ingresos objetivo para superficies mayores.

DE FONDOS A FONDO

El tema del programa de movilidad hipotecaria del Infonavit y la decisión de su Consejo de Administración (en el que participan las cámaras y confederaciones empresariales, los sindicatos y el gobierno federal) de concluir su terciarización anticipadamente para recuperar la rectoría, no es un tema de vendetas políticas —¡mucho menos de mezcales!— entre David Penchyna y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, directores generales del Instituto en este sexenio, sino un tema de cambio de visión.

En el caso de Murat, el Comité de Auditoría y el Consejo de Administración analizaron y autorizaron la concesión del programa para crear el mercado secundario de hipotecas en México (el de vivienda es muy grande y no regulado), más si considera que la cartera más grande del país es la que tiene como referencia un crédito y a un acreditado individual del Infonavit.

La reflexión no es menor. Los términos de la contratación de la empresa Telra, que encabezan los hermanos El-Mann, pudieron —a ojos del Consejo— ir en contra del mandato constitucional del Infonavit, permitiendo, entre otras cosas, que la empresa rentabilizara buena parte de la actividad crediticia del Instituto, y obtuviera utilidades a partir del cobro de comisiones a los derechohabientes por la gestión en el proceso de compra-venta y liquidación y reacreditamiento de las personas que buscaban movilidad.

Es cierto, el Instituto no pagaba por la comisión, pero concesionó la movilidad hipotecaria a un sólo particular que se comprometió a desarrollar una plataforma que creara el mercado secundario, cosa que no ocurrió.  La concesión monopólica, dos años después, mostró que el Instituto perdía el uso exclusivo de sus instalaciones, marcas, bases de datos y operación.

De ahí la visión de algunos representantes como Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, quien observó la necesidad de corregir la decisión, o el error, que también había sido avalada por el Consejo, que permitir la operación de Telra en los términos contratados (los contratos son públicos en la página del Infonavit y ahí se constatan los alcances de lo firmado en 2014 y 2015).

Cambiar el enfoque o afinarlo no elimina la necesidad: El programa de movilidad hipotecaria debe funcionar y hacerlo bien.