Suspendida la Política de la Sener

La decisión del ministro Luis María Aguilar de admitir la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyo pleno preside Alejandra Palacios, contra la aplicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), emitida por la Secretaría de Energía el 15 de mayo de 2020, acorta el tiempo para que todos los actores, privados y públicos, cuenten con una resolución de fondo.

Seguramente —por su trascendencia— será recurrida por el gobierno mexicano, pero lo relevante de la admisión y la medida cautelar otorgada es que todos los juicios de amparo que se han admitido en los tribunales de competencia (también se han suspendido las acciones implementadas por la Sener, con excepción de la elevación de las tarifas de transmisión, que registran un incremento promedio de 770%) dependen de lo que determine la Corte.

En general, se ha hecho énfasis en las medidas de suspensión, pero poco se han referido a que los generadores están pagando tarifas muy altas, porque las suspensiones están acompañadas de la orden de reservar el pago de la diferencia entre la tarifa previa y la tarifa ajustada, lo que hace de los litigios en curso procesos de “urgente resolución”. Por otra parte, la controversia constitucional presentada por la Cofece acusa que la Sener, al publicar su Política, afectó el mandato constitucional de la Cofece e invade su esfera competencial.

Si algún particular gana un amparo antes de que resuelva la Corte, sólo le beneficia a él, pero si los argumentos que hemos leído, donde se admite el amparo y se extiende la suspensión, se ha esbozado la inconstitucionalidad general de la serie de actos, comenzando por el Acuerdo del Cenace que limita el acceso al Sistema Eléctrico Nacional de las nuevas generadoras eléctricas, y la posterior decisión de la CRE de modificar los criterios de acceso a partir de una orden emitida por la Sener.

Si la Cofece tiene razón y la Corte determina la inconstitucionalidad de la Política y todos los actos emitidos por orden de la Sener, tendría que desaparecer y, por tanto, beneficiaría a todos, aunque no haya promovido nada. Lo importante es que se requiere que 8 ministros de 11 voten en el mismo sentido y, por la composición de la Corte, se ve difícil.

DE FONDOS A FONDO

#PonderaLab, la empresa de asesoría financiera de Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social, y de José Carlos Rodríguez Pueblita ha encontrado un interesante nicho de mercado, tanto en la industria de retail como entre autoridades de estados y municipios, en materia de salud y dispersión de apoyos económicos poscovid-19.

Pondera Lab tiene cuatro años en el mercado utilizando inteligencia artificial (Big Data) para determinar trayectorias de consumo, por ejemplo, a partir de cruces de datos, pero llega a entregar proyecciones por manzana por el uso de la georreferenciación (Pangea). Si toma en cuenta que hace cuatro meses, cuando estimaron que la caída de la economía superaría el 11%, la mayoría los cuestionó, pero ahora el promedio está más cerca que lejos de ellos, coincidirá en que lo que ofrecen es algo más que un “data mining”.

#Volaris… En un mercado de viajes donde cada autoridad federal y estatal mueven los semáforos, resulta complicado programar reaperturas. Sin embargo, Volaris, de Enrique Beltranena, planea, en julio, operar el 50% de su capacidad medida en términos de asientos por milla disponibles (ASM, por sus siglas en inglés) del total de sus operaciones contra el itinerario publicado originalmente, contra el 12% al 35% en que mantuvo el total de sus operaciones contra el itinerario publicado originalmente para abril-junio. En la última década, el crecimiento de la flota ha ido de la mano de la expansión del mercado y levantar vuelo tras la pandemia implica racionalizar la oferta para empatarla con la recuperación de la demanda, por tanto, se vuelve necesario revisar contratos con arrendadores y proveedores de equipos. La ventaja de Beltranena es que Airbus y los arrendadores tienen una condición más flexible para llegar a acuerdos que con Boeing, de manera que no requieren recurrir al Chapter 11, como se menciona por ahí.