Transmisión y distribución: la manzana de…

La respuesta es justo “la manzana de la discordia”. En la interesante discusión entre expertos de distintas disciplinas y los no tan expertos (como su servidora) en torno a la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que mandó el Presidente a la Cámara de Diputados el lunes, y el contenido de la resolución de la SCJN a la controversia constitucional que interpuso la Cofece.

De la primera me referí hace dos días y tiene 8 puntos clave, incluyendo el señalamiento realizado por el CCE, de que podría ser una expropiación indirecta. Por cierto, la Sener reaccionó sin ser asesorada, diciendo que con la iniciativa no pretenden ninguna expropiación. Sólo que el CCE y sus abogados, suponen que derivará la aprobación de la ley por la mayoría de Morena, conduce al inicio de Arbitrajes Estado-Estado, porque el cambio en las reglas de prelación de la energía que entre al Sistema Interconectado Nacional (SIN), o el pretendido desconocimiento de contratos de suministro por abastecedores de contratos legados, tendrían un impacto en los flujos y utilidades esperados en los proyectos fondeados con capital o crédito, nacional e internacional, que supone una expropiación indirecta de ingresos y ganancias para transferirlas unilateralmente a la CFE. A eso se refieren, a expropiación de ganancias.

La segunda es la controversia interpuesta por la Cofece y la resolución de la Segunda Sala de la SCJN, no le da en todo razón al reclamo inconstitucional contra el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), de finales de abril. De hecho, delimita con claridad qué atribuciones tiene el Cenace y la CRE en materia de autorización de las solicitudes de interconexión de los generadores privados y eventualmente, el derecho a que una solicitud no sea admitida y, aclara el marco legal del despacho para el mercado de generación mayorista. ¡Valioso! También la SCJN deja claro que el citado acuerdo contiene varios puntos que constituyen una violación al 4º. y 28 constitucional pero, sobre todo, violan varios artículos de la Ley Eléctrica vigente. El punto es: ¿el grupo de Morena, que encabeza el diputado Nacho Mier y el senador Ricardo Monreal, avalarán la iniciativa preferente sólo por disciplina a sabiendas de que estarían violando la Constitución?

DE FONDOS A FONDO

#Cenagas… Los cambios en Cenagas tienen que entenderse en el marco de la disputa interna por el control de posiciones clave en el sector energético. Elvira Daniel Kabbaz, mujer de probada capacidad que ha acompañado por años el proyecto del Presidente, sale por la puerta principal dejando en marcha proyectos estratégicos. Su relevo, Abraham Alipi Mena, se ha curtido por muchos años en Pemex y en especial en los últimos meses, fue el encargado de mantener el frágil equilibrio entre la empresa productiva del Estado y cientos de proveedores de Pemex Exploración y Producción, desesperados por la terrible gestión administrativa central que ha acumulado adeudos, incluso, de ejercicios fiscales anteriores. En el ajedrez energético, Rocío Nahle gana un alfil interesante en Cenagas, sin que Octavio Romero gane nuevas posiciones, pues el cargo que Alipi deja en Pemex (la Subdirección de Administración de Servicios de Pemex Exploración y Producción), se ocupó con una pieza de Palacio Nacional. Con ello, Nahle controla como ningún otro titular de Energía, al menos desde la creación de la dependencia, enclaves estratégicos del sector: Pemex Transformación Industrial, volcado a la construcción de la refinería de Dos Bocas; Cenagas con la llegada de Alipi, y una relación bastante fluida con CFE a partir de la plena identificación ideológica con su director, Manuel Bartlett Díaz.

Así que Elvira Daniel no parte por diferendos personales ni asuntos relacionados con su gestión, sino como parte de una “carambola de tres bandas” en el sector energético donde la Sener no ha logrado rectoría normativa, sino control político.