¿Y de qué sirve el T-MEC?

Justo en el primer aniversario del nuevo T-MEC, vale la pena analizar las políticas que se tomaron sin considerar las repercusiones que podrían tener en el desarrollo de una política industrial hacia lo que resta del siglo XXI.

La decisión de exentar de aranceles la importación de vehículos eléctricos, tomada en septiembre del año pasado por la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez –en plena pandemia–, no sé si presionada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, o por el canciller, Marcelo Ebrard, para poder concretar la compra de 500 trolebuses eléctricos chinos, disque para ahorrar una lana, hace prácticamente imposible el aprovechamiento del T-MEC y los tratados existentes, para que en México se produzcan vehículos eléctricos pesados y ligeros.

Se supone que la exención está orientada a impulsar la compra (en países fuera del tratado) de vehículos cero emisiones y desarrollar masivamente la instalación de electrolineras para la movilidad de eléctricos.

México es una potencia productora de vehículos y esta capacidad se ha logrado al aprovechar la red de tratados comerciales que tiene con otros países, pero al eliminar unilateralmente aranceles, como en este caso, se benefició a China y no se sentó el precedente para propiciar la atracción de inversión para instalar aquí y con transferencia tecnológica, el armado de eléctricos ligeros y pesados.

En nuestro país sólo hay una armadora que está en proceso de ensamblar eléctricos: Ford, que dirige Héctor Pérez, y no creo que le haya hecho mucha gracias que de facto se dé una ventaja competitiva a naciones fuera del tratado para la importación de eléctricos ligeros y pesados.

¿Qué hubiera pasado si en lugar de eliminar el arancel al vehículo completo se exentara sólo a las baterías y/o al tren motriz eléctrico para incentivar la instalación de las plantas mexicanas que armen esos vehículos? El mercado mexicano es muy grande y las necesidades de movilidad inter e intraurbana son especialmente grandes en ciudades de más de un millón de habitantes.

La reflexión vale la pena, pues a veces se toman decisiones que suenan bien en un día, pero terminan muy mal para el desarrollo industrial del país. Se requiere adelantar la reconversión de las armadoras de ambos tipos de vehículos o la instalación de nuevas, incorporar más contenido nacional y asegurar la permanencia de más de dos millones de empleos que, no lo dude, se pueden ir a otros países que ofrezcan mejores condiciones.

DE FONDOS A FONDO

#Delta… que dirige Ed Bastian, fue la primera en hacer pública su opción (como accionista original) de participar en el derecho de tanto, esto es, en la opción para participar en DIP Financial de Apollo Management (800 millones de dólares convertibles a capital, los otros  200 millones son deuda pura), pues, al tomar su derecho de conversión, quiere decir que invierte otros 180 millones de dólares en Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, para mantener su 49% de participación en la aerolínea con la que mantiene el joint venture.

#STPRM… Como le adelanté, las aguas han empezado a moverse en el sindicato petrolero, que se quedó sin secretario general desde diciembre. Dicen que un presidente no sugiere, ordena, y éste es el dictado del presidente López Obrador para implementar un mecanismo de votación electrónica que se ejecute con una app para iOS o Android.

Interesante, porque sería la votación digital para legitimar contratos colectivos, pero también para arrebatar el control de los “equipos operadores” en las secciones del sindicato en la renovación de la dirigencia. El punto crítico para la empresa, el sindicato y las autoridades es definir a la empresa que realizará la app y que tenga la capacidad de sostener la plataforma de votación electrónica, de forma que pueda ser supervisada por la STPS.

Quien presente la solución tendrá que implementarla en tiempo récord, para 70 mil trabajadores, tomando en cuenta que hay plazos legales corriendo. Esta semana habrá humo blanco.