¿Y la transparencia en el Mercado de Balance de Potencia?

No lo sé, pero le cuento lo que se dice: existen empresas autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que preside Leopoldo Melchi, que pueden ofrecer energía eléctrica a grandes consumidores (empresas de medio y alto consumo) a precios más competitivos, que en la ley se les conoce como “suministradores calificados” y que, para proveer el servicio, requieren de un contrato de “participantes del mercado” con el Centro Nacional del Control de la Energía (Cenace), de Octavio Mota Palomino, organismo que, a su vez, es el operador del Mercado de Eléctrico Mayorista (MEM), parte fundamental del Sistema Interconectado (Eléctrico) Nacional (SIN), que también está a su cargo.

Para respaldar el contrato, los suministradores calificados presentan como “garantía de pago” un depósito por el consumo equivalente a 45 días de energía de un cliente calificado (consumidor empresarial), que oscila entre dos millones de pesos y cientos de millones de pesos.

El contrato tiene una variable desconocida al inicio de año: el “costo de la potencia”, que es la cantidad de energía eléctrica que se puede generar o consumir en un momento dado y su precio en el Mercado de Balance de Potencia (MBP) se determina considerando la diferencia entre la demanda y la generación de energía durante las “100 horas críticas” del año, considerando también el costo nivelado de la tecnología de generación de referencia.

Cuando no hay suficiente generación de energía para satisfacer la demanda en esas horas críticas, se genera un costo de potencia más elevado, que se cobra a todos los participantes del mercado, entre ellos a los suministradores calificados (privados).

Con esta explicación vamos al tema: en 2021 el Cenace determinó que el Precio Neto de Potencia para el SIN era cero, en el año 2020 fue de 628 mil pesos MegaWatt/año (MW/a) y en el 2019 fue de 216 mil 525 pesos MW/a. Variación razonable. Empero, para el 2022, el Costo de Potencia del SIN se determinó en 3 millones 208 mil 204 MW/a, un aumento mayor a 500% comparado con 2020, pese a que en ese lapso hay incremento en los costos de la energía ¡pero no de 500%! El problema mayor es que el Costo de Potencia, como se conoce al final del año, debe ser cobrado de forma retroactiva a los clientes calificados o, lo que ocurrió ahora, para “acolchonar el golpe inflacionario” lo pagaron contra sus utilidades y, por lo mismo, una gran mayoría reportó pérdidas.

Cabe aclarar que CFE, al ser un suministrador y obvio participante del mercado, también cuenta con esta problemática, lo cual debe reflejarse en sus precios. Por ello anunció un incremento de 7% en el costo de la energía facturada residencial y poco más de 9% en la de productor calificado.

Las empresas desconocen si la CFE, de Manuel Bartlett, goce de algún subsidio para afrontar este problema, pero en el caso de los suministradores calificados estarían en desventaja ante la misma. El Cenace está obligado a informar con cuatro meses de anticipación cuando se realice un cambio en la tecnología de generación de referencia.

Este aumento obedeció a un cambio en la metodología para calcular los costos de la tecnología de generación de referencia notificado un mes antes, en vez de los cuatro meses obligados, hecho que no permitió que los suministradores pudieran reaccionar vía mecanismos establecidos para resolver controversias.

Para que el mercado mayorista prospere y todos los mexicanos ganemos y la inflación ceda es condición básica que existan reglas claras para facilitar la planeación. Una alternativa es publicar la estimación del Costo de Potencia a principios de año, en lugar de fin de año y, en caso de un déficit por mes, cubrirlo entre todos los participantes, incluyendo la CFE, con una tarifa transparente y prorrateable. También, se deberían respetar los plazos establecidos, para que se puedan desahogar las dudas e inconformidades de los involucrados en tiempo y forma, porque, en estricto sentido, un aumento en Costo de Potencia nos afecta a todos los consumidores de energía y no sólo a los grandes consumidores. Esta alza pone en riesgo la viabilidad financiera de suministradores calificados, mercado del que nos beneficiamos todos porque el incremento se manejó con poca transparencia, lo que hace pensar en cochupo presupuestal encerrado, ¿no cree?