¿Y si le ponen transitorios a la NOM 001?

El Consejo Coordinador Empresarial hizo suyo el reclamo que los industriales y el sector agrícola han realizado a la Semarnat, que encabeza María Luisa Albores, por la aprobación (con voto contrario del sector privado y también de la Comisión Federal de Electricidad, que encabeza Manuel Bartlett, y de Petróleos Mexicanos, de Octavio Romero), de la NOM 001 en materia de descargas de agua residual.

La Semarnat tiene razón al afirmar que la citada norma no se actualizó cada cinco años, como es obligación legal desde 1996, cuando entró en vigor; pero la problemática de hacerlo como un “golpe de decreto”, sin establecer temporalidad e incluso incentivos para que se transite en la sustitución de plantas residuales DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) por plantas residuales DO (demanda de oxígeno) hará muy conflictiva y presupuestalmente complicada la aplicación de la NOM y sólo abre avenidas a la extorsión y el chantaje.

Se que es técnico, pero no imposible de entender el tema. La disputa tiene que ver con el tipo de tecnología que utilizan las plantas, el color, toxicidad y la temperatura máxima a la que pueden realizarse las descargas industriales, agrícolas o municipales.

La mayoría de las plantas de tratamiento instaladas en México a finales del siglo pasado (cuando se volvió norma general para la industria), lo hizo con tecnología DBO, sin embargo, la disolución de emisiones contaminantes por microrganismos no ha mitigado y menos prevenido la contaminación de los cuerpos de agua superficiales. En países avanzados se le conoce como tecnología obsoleta.

Pero el cambio a tecnología DO implica una inversión importante para industrias como la petrolera y la eléctrica, que utilizan muchos solventes, pero también para industrias como la minera, la metalmecánica, agrícola, pecuaria y, en general, la industria de transformación alimenticia, calzado, papelera, etc.

El cambio en la NOM 001 está en el sentido correcto, pero no la ausencia de tiempo para que pueda realizarse la inversión, privada y pública. El cambio requiere entre 10 millones y 20 millones de pesos (medio millón de dólares a un millón, dependiendo la complejidad).

La Concamin, cuya Comisión de Aguas encabeza Eduardo Viesca, estima que el costo sería de entre 8 y 10 millones de dólares por planta y para un organismo operador o planta menor sería necesaria una inversión de entre tres y cinco millones de dólares.

En la Aneas, que preside Arturo Palma, se estima que requerirán inversiones por 70 mil millones de pesos y, evidentemente, hay preocupación por el déficit estructural en el que se mueven las arcas municipales.

Comentado lo anterior, no dudo que haya necesidad de establecer transitorios que faciliten la adopción de la nueva tecnología, lo que implica deshacer las viejas plantas y poner las nuevas, donde el sector privado asuma compromisos de transición verificables, pues la realidad es que 70% de los cuerpos de agua superficiales están altamente contaminados. Mire, la NOM está en la Conamer, no ha sido publicada en el DOF, de manera que puede realizarse el ajuste, ¿no cree?

DE FONDOS A FONDO

#MéxicoEvalúa… La extorsión es el delito que más afectó a las empresas en 2019 y en 85% de los casos se perpetró contra las microempresas mexicanas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 (ENVE). Sin embargo, en 99% de las extorsiones empresariales no se denunció o no se inició una carpeta de investigación.

La extorsión y el cobro de piso son un impuesto criminal que se ha sistematizado y va al alza: solamente en 2019 se cometieron 911 mil 506 extorsiones empresariales y la tasa de extorsión por cada 10 mil empresas incrementó 58%, de 2017 a 2019.

México Evalúa, que dirige Edna Jaime, está centrando el mes de septiembre en analizar la situación de la extorsión en el país y centrará algunos ejemplos de su análisis en estados y ciudades clave como Baja California, Quintana Roo, Michoacán y Ciudad Juárez. En ésta última ciudad se registró una tasa de 0.59 extorsiones por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 6.26, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020.