¿Y si Sener, CRE y CFE dicen con qué reglas?

 A propósito de los encuentros en la Secretaría de Gobernación, que encabeza Adán Augusto López, con los representantes del sector pri­vado eléctrico, tanto consumidor como gene­rador, tal vez valdría la pena escuchar un poco para entender que, después de que en el pleno de la SCJN no se alcanzó la mayoría calificada por un voto para declarar la inconstitucionali­dad de la Ley de la Industria Eléctrica de esta administración, el sector completo está ¡en el limbo!, sin reglas ni propuesta hacia dónde ir.

Vea el caso: el 22 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de Leopoldo Melchi, presentó ante la Conamer un proyecto para sustituir las Disposiciones Administrativas (DACGS) que establecieron los requisitos para solicitar permisos de ge­neración vigentes desde el 8 de abril de 2015.

El proyecto se catalogó de alto impacto por lo cual se sometió a consulta pública y du­rante 20 días hábiles se emitieron 113 comen­tarios a los que la CRE respondió de manera imprecisa.

El argumento de la CRE para modificar las DACGS fue que después de 6 años la compo­sición de la oferta de energía eléctrica había cambiado y era necesaria una mejor asigna­ción de los recursos para proteger los intereses de los usuarios.

Por eso se requería una cobertura nacional distinta, atender la confiabilidad y, dar mayor certidumbre y orden, ya que el 23% de los per­misos “tenían programas vencidos”.

Conamer otorgó a la CRE el dictamen final el 14 de febrero; la CRE autorizó en órgano de gobierno el 25 de febrero, pero… hasta ahora, está pendiente la publicación de las disposi­ciones en el DOF, por lo que oficialmente, no han entrado en vigor.

Pese a ello, la moratoria de migración de permisos y permisos se aplica de facto. La ley vigente (la de la 4T) establece que la CRE debe resolver en 60 días una solicitud de permiso y deben acompañarse de estudios de impac­to autorizados por el Cenace (tiene posibili­dad de ampliar el plazo de 50 días por una vez si es indicativo y 70 días si es de impacto para centrales con capacidad igual o mayor a 10 MW) que tengan no más de 60 días de elaborados y, si atendemos a la capacidad de respuesta que ocurre después de seis meses, por ende, los estudios también pierden su vigencia.

Y no le cuento el rosario de requisitos que dependen de instancias de autorización, mu­chas de ellos, verdaderos diques de opera­ción al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Por ejemplo, desde que se rechazó la reforma constitucional, la CRE subió a Conamer pro­yectos para expedir las metodologías para las tarifas reguladas de la operación de Cenace y de CFE.

No se han publicado ni actualizado y, lo único que autorizó la CRE fue un permiso de CFE Generación IV para la Termo de Villa de Reyes, nada a privados, le vale si violan regla­mentos internos y tampoco se ocupan para dar a conocer lineamientos para migración de contratos de autoabasto al (MEM). Y si el Presidente dice que quiere acuerdos, ¿con qué reglas? En esas mesas, ¡ni las reglas para sen­tarse están claras!

DE FONDOS A FONDO

#NOM-236-SE-2021… Aunque se dice que no está vigente, la norma que obliga a la revi­sión de las condiciones físico-mecánicas de los automotores ligeros (que pesen menos de 3,857 kilogramos) fue publicada el 3 de mayo en el DOF y en ella se establece que entrará en vigor a los 180 días de su publicación.

Lo raro es que se señale solamente a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, como responsable de la NOM de la que “no se enteró” el Presidente, siendo un asunto que se ha estado negociando entre los integrantes del Comité Consultivo de Normalización que tuvo ene cantidad de sesiones, pero en el que participaron no sólo los pupilos del controver­tido director de Normas, Alfonso Guati Rojo, sino representantes de SICT, de Jorge Arganis, y de Semarnat, de María Luisa Albores. Men­ciono a éstos porque, en gran medida, la NOM estrictamente mexicana no tiene que ver con un capricho ni intereses “neoliberales”, sino con el reforzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial.