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CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los conductores que cargan gasolina es el hecho de que no les pongan la cantidad que ellos pagaron.
Por eso común que cuando encuentran una gasolinera que sí les carga lo que ellos pagaron utilicen la frase: ahí si ponen litros de a litro. Sin duda, es bueno encontrar estas gasolineras, que operan con transparencia, sin embargo, no debería de normalizarse el hecho de recibir menos de lo que se está pagando.
Para enfrentar esta problemática el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informaron sobre la nueva norma que garantizará que las gasolineras despachen litros de a litro.
El primero de los rubros está relacionado con el hardware, en este se establece que el fabricante debe describir la configuración del hardware de la computadora de propósito general necesaria para el correcto funcionamiento del sistema para medición.
El segundo con el software, que está relacionado con la comprobación de que el o los programas informáticos legalmente relevantes que operan al sistema para medición, corresponden a lo declarado por el fabricante.
Desde 2015 comenzó a analizarse el contenido de esta norma para controlar los delitos cometidos con el combustible. Dos años después fue concluida y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para entrar en vigor en 2018, sin embargo, se dio tiempo para que las gasolineras hicieran las modificaciones correspondientes.
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Una de las propuestas que ha surgido es la de la senadora Rocío Abreu Artiñano, quien busca frenar la venta de litros incompletos de gasolinas, diésel, gas LP o natural, uno de los delitos más arraigados en México que permite, sólo a las gasolineras, una ganancia ilegal de 12 mil millones de pesos al año.
La iniciativa busca incrementar de cinco a ocho años la pena mínima de prisión y de ocho a 10 años la sanción máxima de cárcel, a quien con pleno conocimiento haga entrega de una cantidad inferior a la que aparece registrada por los instrumentos de medición.
Si el responsable es el dueño de la franquicia, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, sugirió Abreu Artiñano, también debe imponerse como sanción la revocación del permiso respectivo, y, en su caso, la disolución y la liquidación de la sociedad, así como el decomiso de activos.
Este proyecto modifica el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, plantea que la Procuraduría Federal del Consumidor verificará periodos trimestrales los instrumentos de medición en estaciones de servicio de hidrocarburos para una óptima comercialización.
De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, el producto no entregado a los consumidores en las estaciones de servicio alcanza un millón 736 mil litros, lo que equivale a 34 millones 477 mil pesos diarios.
Tan sólo en 2019 la Profeco impuso multas a 181 estaciones de servicio, que en conjunto pagaron 67 millones de pesos por la venta incompleta del combustible, no exhibir los precios o no tener bien calibrados los tanques de gas.
La iniciativa fue turnada de manera directa a las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
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