Banobras embarca con el NAIM

En la penúltima semana de marzo, José Antonio González Anaya, ya como titular de la Secretaría de Hacienda, intensificó el cabildeo dentro del gobierno federal para que organismos compraran el Fibra E del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Por la red instaba a Pemex, de Carlos Treviño; la CFE, de Jaime Hernández; Nafinsa, de Jacques Rogozinski; Bancomext, de Francisco González, y al Infonavit, de David Penchyna, a que le entraran con su respectivo “cuerno”.

El operador era Alfredo Vara, director de Banobras, ariete del ya a esas alturas candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, principal interesado en que la colocación fuera un éxito. El catalizador de la participación de ese sector del gobierno en el Fibra E era el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que dirige Francisco González Ortiz Mena, pieza clave de Luis Videgaray.

A diferencia del Fibra de la CFE, que había salido semanas atrás, en el del NAIM no querían la participación de extranjeros. Así, el Fonadin terminó computando las participaciones de esas dependencias hasta por unos diez mil millones de pesos, de los 30 mil millones que se lograron levantar.

Pepe Toño se metió hasta el último momento del cruce. Por la red pedía la participación. El viernes 23 de marzo, día de la colocación, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, declaró, al salir de una reunión con el Consejo de la Comunicación en la CDMX, que interpondría amparos contra el NAIM.

Esos amagues llevaron a la Afore Banamex, que comanda Luis Sayeg, a bajarse en el último momento. Citibanamex, que esta semana alertó sobre “el error de octubre” de AMLO, metió entonces mucho ruido a otros inversionistas.

Uno fue el Infonavit, que venía de recibir un golpe de Abengoa por una inversión ruinosa en certificados bursátiles que le significaron una minusvalía de más de 700 millones de pesos que se sigue litigando.

La reconfiguración del marco de gestión del Fanvit, el instrumento del instituto para invertir en activos financieros lo que no invierte en hipotecas a partir del caso Abengoa, fue definitiva para evitar la compra del papel del aeropuerto de Texcoco con un argumento razonable.

Y es que si el Infonavit forma parte del Sistema de Ahorro para el Retiro, la eventual compra de ese papel habría significado una sobreexposición del ahorro pensionario de los trabajadores.

Todo esto viene a colación por el derrotero que tendrá este fin de semana el proyecto insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchos creen que si se cancela el NAIM los inversionistas, en este caso Banobras vía el Fonadin, amén de las afores Inbursa, GNP, Pensionissste y Siglo XXI, perderán. Pero no necesariamente.

La Fibra E se diseñó con una estructura que prevé que, si se cancela el NAIM, el 80% de los flujos remanentes del actual Aeropuerto Internacional de la CDMX, el Benito Juárez, se van a repagar a los tenedores de la fibra, más el 10% del retorno real anual.

Es decir, Carlos Slim, cuya afore Inbursa y demás fondos de su banco adquirieron el 48% de los 30 mil millones de pesos del Fibra E, estará en posibilidad de tomar, cuando menos, el 40% de los flujos netos de la actual terminal capitalina. A su vez, las administradoras del ISSSTE, que aún lleva Florentino Castro, la de Alberto Baillères, y la del IMSS, que comanda Tuffic Miguel, y Banorte, de Carlos Hank Rhon, podrán recibir, en conjunto, alrededor de un 17% de esos flujos.

VA ORO NEGRO

Los abogados de Oro Negro, de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo White, sorprendieron ayer al juez concursal, que se dejó presionar y ordenó al juez del Sistema Penal Acusatorio, Enrique Cedillo, desechar la orden de restitución de las cinco plataformas que reclaman los bondholders.

El párrafo segundo del Artículo 277 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que un delito que cometa un comerciante se podrá perseguir sin esperar la conclusión del concurso mercantil. Dicho de otra forma, el juez Benito Zurita no puede prohibir la recuperación de las plataformas. Y con respecto a la resolución de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Shelley C. Chapman, de ordenar a los acreedores no tomar posesión de sus activos, tampoco es vinculante a jueces mexicanos ni a la Marina ni a la Policía Federal.

Si quiere notificar a particulares debe hacerlo con una carta rogatoria a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Luis Videgaray, y con la ayuda del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Pero nada de eso ha pasado.

CORTA REVIRA

El abogado externo de Pensionissste, Vicente Corta, aclara que nunca ha sido secretario del Consejo de ICA, que todavía preside Bernardo Quintana, pero que sí fue consejero de la empresa hace más de diez años.

Que cuando su cliente adquirió el 10% de las acciones la información que la constructora publicaba no reflejaba con veracidad su situación financiera. Dice que el grupo falseó información al mercado y que la reestructura planteada por sus directivos, en coordinación con Fintech, el fondo de David Martínez, consiste en despojar a la actual ICA de sus activos, en perjuicio de sus acreedores y accionistas. Lo que no dice el socio de White & Case por ningún lado de la carta es de la ilegalidad de haber acumulado 10% y de hacer caso omiso a los eventos relevantes que la firma dirigida por Guadalupe Phillips mandaba a la Bolsa Mexicana de Valores, advirtiendo de su circunstancia.