Cruz Azul, en la mira del “nuevo” sindicalismo

El sindicalismo que, en teoría, erradicaría el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el que se practica en el desaparecido Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En los últimos 13 años, desde 2005, Martín Esparza ha llevado el timón de este gremio. ¿Retendrá, al igual que el petrolero Carlos Romero Deschamps, el liderazgo con los votos secretos de su base?

Con Enrique Peña Nieto el SME volvió a empoderarse. A su “partner” de partidas de golf, José Miguel, le cedió las 15 plantas hidroeléctricas, una termoeléctrica y 40 inmuebles, entre fábricas y talleres.

Hablamos de los activos de la extinta Luz y Fuerza del Centro, de la que ahora, en sociedad con Esparza, Miguel, representante de la portuguesa Mota-Engil, están echando a andar.

Generadora Fénix se llama esta joint-venture, creada por ambos en julio de 2015, que, entre otros beneficios, tiene un dudoso contrato que el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, les regaló.

El ahora diputado del PRI comprometió al gobierno federal actual, y a los que vengan, a comprarle electricidad a esa empresa de Esparza y Miguel durante los próximos 25 años.

Otros que ahora corren el riesgo de verse en las mismas circunstancias son los de Cruz Azul, uno de los mayores compradores de electricidad en la región centro del país, bastión del SME.

En la cooperativa acaba de haber Asamblea General. En cuestionadas circunstancias asumieron la Presidencia del Consejo José Antonio Marín, y la Presidencia del Consejo de Vigilancia, Víctor Velázquez.

Al interior de ese gremio se señala al SME y a su liderazgo de haberse entrometido en el proceso en beneficio de aquéllos, victimizándolos frente a los 700 cooperativistas que participaron en la elección.

Incluso se asegura que Esparza, supuestamente, fue agraciado por Marín y Velázquez con dos concesiones para la distribución de cemento.

Cruz Azul es la empresa más importante en la compra de energía para sus cuatro plantas, con lo que Fénix, Esparza, el Grupo Hidalgo y los propios Marín y Velázquez se verían inmensamente beneficiados.

Es importante destacar que la asamblea fue inmediatamente impugnada por todos los vicios y anomalías presentados en su orden del día y convocatoria, por lo que, con seguridad, será desconocida por un juez.

Sin embargo, abre el debate sobre los intereses e intervenciones en una organización que, si bien es cooperativa, es privada. Y del papel que Esparza tendrá en el nuevo sindicalismo que empuja Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto, ya está convenciendo a Napoleón Gómez Urrutia, a Martí Batres, a Rocío Nahle y a Mario Delgado de que su Generadora Fénix, que surgió con todo el respaldo de Miguel Ángel Osorio Chong, venda electricidad al nuevo gobierno.

ORO NEGRO

Ayer, la sorpresa de propios y extraños fue que la orden del juez concursal de Oro Negro, Benito Zurita, quedó en firme. Es decir, la empresa de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo White debía restituir las cinco plataformas a los tenedores de bonos que reclaman el pago de una deuda de alrededor de 900 millones de dólares. Los abogados de aquéllos lo intentaron todo: desde nuevas medidas cautelares que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil rechazó, hasta amparos contra la resolución del juez del Sistema Penal Acusatorio, Enrique Cedillo, que ordenó la restitución de las plataformas a los acreedores, pasando por recursos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cuya jueza, Shelley C. Chapman, se declaró incompetente por no estar el caso dentro de su jurisdicción. Sin embargo, el apoderado legal, Ricardo Contreras, el que logró bajar a la plataforma Decus a tomar posesión física, hasta ayer seguía aislado, retenido e incomunicado por los trabajadores de Oro Negro, la mayoría de ellos extranjeros. Los helipuertos de ésa y las otras cuatro plataformas: Laurus, Impetus, Fortius y Primus, fueron bloqueados con pesadas estructuras, lo que hace ya prácticamente imposible la recuperación, al menos, por vía aérea. Lo inaudito fue la actitud que asumió el domingo el vicealmirante Alejandro Medina Oceguera, titular de la Séptima Zona Naval con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, quien no dispensó apoyo de marinos a solicitud del juez Cedillo para cumplimentar exitosamente la orden judicial. El marino se dejó chamaquear por un tal Carlos Carrera, que resultó estar muy bien conectado políticamente.

PENSIONISSSTE

Los colegas de Vicente Corta le recuerdan al abogado de White & Case, promotor de la demanda de la afore Pensionissste contra ICA, que, conforme a los estatutos de la constructora que seguramente conoce, porque fue consejero y secretario de la compañía cuando la dirigía Alonso Quintana, es ilegal una compra del 10% sin haber contado con diversas autorizaciones. En este caso, nada se ha dicho del dictamen que tuvo que hacer la Dirección de Inversiones de Pensionissste, cuando la dirigía José María de la Torre, para haber autorizado una inversión en una emisora que estaba en ruta a Concurso Mercantil y con flujos negativos. La inversión para adquirir 10% fue, a todas luces, especulativa. Valdría la pena que Corta y la subdirectora jurídica de la afore, Isabel Margarita Messmacher, explicaran cuál es la política de inversión a largo plazo, cómo mitigan el riesgo especulativo, a quién le compraron ese 10% y cuál es el racional de invertir el dinero de los trabajadores en otras “joyas”, como la multicitada Oro Negro. Y es que, tómelo con reserva, pero se afirma que De la Torre también le pegó a ésa. Si fuera el caso, ¿qué dirían Corta y Messmacher?