Función Pública tras API Manzanillo

Funcionarios de puertos de primer nivel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) son investigados por presuntas prácticas de corrupción, faltas administrativas y usurpación de funciones.

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Comisaría del Consejo de Administración de la API de Manzanillo, investiga al director Ovidio Noval Nicolás (oficio número del OIC 09/179/363/2018) por faltas administrativas y usurpación de funciones que podrían constituir un delito. De igual forma, el OIC de la SCT realiza una investigación de hechos y complicidad en contra de Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a cargo de Guillermo Ruiz de Teresa.

Asimismo, investiga al director del Puerto de Manzanillo y a la empresa Logística en Fluidos y Graneles, por hechos y faltas administrativas en la API de Manzanillo. Estos son los hechos. Ovidio Noval propone al consejo de administración de la API Manzanillo, el 6 de abril de 2018, la autorización de un contrato cesión parcial de derecho y obligaciones a la empresa Logística en Fluidos y Graneles, mismo que instruye a Noval a iniciar gestiones para celebrar un contrato, revisar que la empresa cumpla con las disposiciones legales y condicionar hasta su cabal cumplimiento.

En el consejo de administración del 29 de junio, el director Ovidio Noval propuso ratificar y autorizar el contrato de Logística en Fluidos y Graneles, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la empresa y le fue rechazada la propuesta. Para el consejo del 7 de septiembre de 2018, el director Noval envió unos días antes la carpeta de acuerdos y echó toda la carne al asador: presentó como punto de acuerdo del Consejo (páginas 463, 464 y 465 del documento del orden del día) la aprobación y firma del contrato cesión parcial de derechos y obligaciones a favor de Logística.

La representante de la secretaría de la Función Pública, que lleva Arely Gómez, rechazó el intento del director de la API de legalizar lo ilegal. Eso mismo denunció la consejera representante del ayuntamiento de Manzanillo.

Fernando Gamboa, director general de Fomento y Administración Portuaria y Presidente del Consejo de Administración de API Manzanillo, solicitó el 10 de septiembre a Alejandro Hernández Cervantes (DGP) que el contrato que celebró API Manzanillo con Logística en Fluidos y Graneles y mandado a sus oficinas de la CDMX para su registro correspondiente, sea regresado a Ovidio Noval.

En la próxima entrega le cuento los nombres de los funcionarios de la SCT que registraron el contrato de Logística, el fallo del OIC de la API de Manzanillo en el que se concluye qué elementos existen para fincar responsabilidades a los funcionarios y lo que la Función Pública busca hacer en los próximos días, antes de que termine el sexenio de Enrique Peña.

DILEMA DE ROMO

Después del anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el dilema de Alfonso Romo es uno: ser, o no ser funcionario público el próximo 1 de diciembre.

Antes de la consulta, este empresario metido en política decía en público y en privado, en México y en Estados Unidos, a inversionistas nacionales y extranjeros, públicos y privados que el proyecto volaría. En septiembre del 2017 en Nueva York, con manejadores de fondos y analistas de Citigroup, Romo habló de la propuesta fiscal y económica y a pregunta expresa sobre el aeropuerto aseguró que seguiría adelante.

No había mesa en el Grupo de los 10 de Monterrey y de los grandes empresarios de la CDMX en la que se comentara que “San Poncho” haría el milagro de sentar las bases para que la economía creciera al 4%. Pero para ello tendría que tener el control de la banca de desarrollo, de los organismos reguladores e influencia sobre los megaproyectos de infraestructura más importantes del nuevo gobierno.

La cancelación del NAIM fue un balde de agua fría para Romo, su equipo, el grupo de chairos de Hacienda, para los fondos de inversión, afores, pero, sobre todo, para los organismos empresariales. Ahora no pocos creen que el “muro empresarial” que Romo representaba ante las políticas populistas y antiempresariales de Andrés Manuel López Obrador se acabó. Ya pasaron del enojo al convencimiento de que el santo lo tienen de espaldas y que el “amortiguador” que creían tener se reventó en el primer bache, que la luna de miel AMLO-IP fue una ilusión y el puente está roto. Y que la operación cicatriz que se mandó a hacer con Romo y Carlos Urzúa no va a funcionar si no viene apalancada de la reactivación del NAIM y compromisos concretos de que no va a gobernar con consultas.

MEJOR SE QUEDA

El que la pensó mejor bien y puso pies en polvorosa fue Fernando Solís Cámara. Aquí le informamos semanas atrás que el directivo de Banorte había aceptado la invitación de Esteban Moctezuma, su exjefe en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo, para acompañarlo como subsecretario en la Secretaría de Educación Pública que aquél asumirá con Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Pero nos dicen que Solís la pensó mejor y que, al final, decidió declinar la convocatoria y mantenerse al lado de Carlos Hank González.