Los otros inconformes
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, traerá daños colaterales para el nuevo gobierno en varios frentes.
La relación con las cúpulas del sector privado está fracturada, la confianza de inversionistas extranjeros está dañada, los partidos políticos de oposición están en alerta de guerra y la mayoría de los ciudadanos se sienten marginados de la decisión.
Un buen sector de la población pidió a AMLO continuar con la obra en Texcoco, al tiempo que se preparan amparos y otros recursos contra la decisión que tome en sentido contrario el nuevo gobierno. Entre los daños destacan los recursos ejercidos, que ascienden a 160 mil millones de pesos, de los que 60 mil millones ya se invirtieron en plataformas, pistas, cimientos de edificios, terminal y torre de control.
Otros 45 mil millones de pesos están aplicados ya en materiales e insumos que se ordenaron a los fabricantes, y el resto son recursos ya comprometidos de licitaciones que previamente se otorgaron. Ahora bien, respecto a los recursos provenientes de la inversión, estamos hablando de siete mil 500 millones de dólares, de los cuales dos mil millones de dólares están planeados a diez años.
Otros cuatro mil millones de dólares que tomaron inversionistas foráneos se colocaron a 30 años; agregue mil 500 millones de dólares, o 30 mil millones de pesos, de la Fibra E, donde invirtieron cuatro afores. Los bonos colocados en el extranjero fueron los primeros en sufrir los embates del mercado, al punto que hoy son considerados ya “bonos chatarra” que podrían ser revendidos a un ínfimo valor.
Independientemente de los cinco contratistas grandes, están trabajando en este momento alrededor de 300 empresas que tienen contratos con el Grupo Aeroportuario CDMX, que dirige Federico Patiño. Para lo anterior fue necesario que muchas más compañías participaran, haciendo un enorme esfuerzo e invirtiendo recursos en procesos donde en más de 300 casos sólo hubo una inconformidad.
Estos empresarios dan empleo a 46 mil personas, de las que 18 mil son trabajadores de planta que acuden diariamente al polígono del aeropuerto como ingenieros y residentes, o como operarios o soldadores. A todo ello se suman unos seis mil hombres-camión, agrupados en 12 sindicatos y de los cuales circulan diariamente tres mil 500 en las inmediaciones de la obra. Todo el mundo se pregunta ahora qué va a ser de estos obreros y de los negocios micro y medianos que tienen ya contratos y compromisos adquiridos.
Si bien les va, tendrán alguna respuesta en seis meses o más, de acuerdo con lo que tome la resolución de los muchos conflictos que se espera que caigan en cascada a partir del 1 de diciembre próximo.
SCJN: OTRA ARENA
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se va convertir en la arena donde se habrá de dirimir la avalancha de amparos y recursos legales que contratistas, inversionistas, tenedores de bonos y terceros afectados interpondrán por la cancelación del NAIM, espérese con lo que viene a partir de la publicación, quizás hoy mismo, de la Ley Federal de Remuneraciones de Funcionarios Públicos.
La legislación fue mayoriteada por Morena hace unos días, pero tenía tantos vicios que el presidente Enrique Peña no la publicó en el Diario Oficial de la Federación. La madrugada de ayer el líder del Senado, Martí Batres, emplazó a la Secretaría de Gobernación a publicarla. Se espera, como en el NAIM, un tsunami de amparos por las afectaciones al gobierno federal actual, poderes Judicial y Legislativo, amén de órganos autónomos y gobiernos de los estados que no comulgan con la política de “austeridad republicana” que quiere imponer Andrés Manuel López Obrador.
TORRUCO LOGRA
Quien demostró sus buenos oficios fue Miguel Torruco, propuesto para próximo secretario de Turismo. El empresario logró rescatar una inversión de unos 300 millones de dólares para Mazatlán y que ya se enfilaba en ruta de cancelación. Nos referimos al proyecto de Ernesto Coppel para desarrollar en ese destino el acuario más grande del país. Sucedió que el dueño de Pueblo Bonito y el entrante alcalde, Luis Guillermo Benítez, traían fuertes diferencias, pues el primero se negaba a dar algún beneficio al municipio. Ahí fue donde intervino Torruco, que convenció a las partes para que: 9.5% de la utilidad anual del negocio fuera para las arcas de la ciudad, el 20% de los asientos del consejo de administración de la concesionaria lo ocupen representantes de la alcaldía y el 4% de los ingresos en taquillas durante los primeros nueve años pasen al municipio. Ojalá viéramos más acuerdos de este tipo.
AZTECA RENUEVA
El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó renovar la concesión de los canales de televisión de TV Azteca para un nuevo periodo de 20 años, vigentes a partir del 1 enero de 2022.
La decisión otorga las prórrogas de las concesiones de TV Azteca de los 178 canales de televisión con los que operan las redes nacionales Azteca uno y Azteca 7, así como la concesión de Televisora del Valle de México, que emite la señal de adn40. La empresa de Benjamín Salinas solicitó al IFT la prórroga de sus concesiones el 23 de mayo de este año, en cumplimiento con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dentro del año previo al inicio de la última quinta parte de vigencia de la concesión, la cual es válida hasta el 31 de diciembre de 2021.