Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

8 Ene, 2019

¿Parálisis en el IMSS?

 

El 2 enero, “diversos ciudadanos” se presentaron ante los titulares de las distintas áreas del IMSS a manifestar que ya ocupaban esos cargos desde un día antes. Llegaron sin ninguna evidencia documental.

Exigieron, con prepotencia, la realización de la entrega-recepción de las diversas áreas, así como la disposición de los espacios físicos, archivos y personal de cada una de las oficinas.

Las áreas del IMSS, de conformidad con sus respectivos manuales de organización, tienen funciones y atribuciones asignadas para su operación inherentes al área a cargo de sus actuales titulares.

Derivado de lo anterior y para garantizar el cumplimiento de la normatividad, se solicitó a cada uno de esos “ciudadanos” que proporcionaran copia del nombramiento, cosa que no pudieron hacer.

Según las huestes de Germán Martínez, el nombramiento que exigían que se les reconociera “tiene plena validez a partir del 1 de enero de 2019”. Así nomás, como por arte de magia.

Como decíamos ayer, quebrantando la ley y al estilo de la Cuarta Transformación, esos “ciudadanos” procedieron a disponer de las áreas, archivos, información, documentación y personal.

Cabe decir que los nuevos ignoraron siempre a los titulares que llegaron a relevar, los poderes para ejercer sus funciones y los contratos vigentes ante ese organismo tripartita.

No importa que no tengan acreditada su personalidad jurídica, los muchachos de Martínez ya operan, suscriben, rubrican documentación, presiden reuniones, actos y hasta inauguran nuevas clínicas.

Dichos “ciudadanos” incurrieron en el delito de usurpación de funciones públicas, que tipifica el artículo 402 del Código Penal.

El personal operativo de base y de confianza del IMSS ha sido maltratado, acosado y amenazado con ser despedido, teniendo que soportar actitudes de prepotencia y abuso de autoridad.

Lo han obligado a permanecer en las instalaciones del IMSS fuera de su horario de trabajo, a pesar de que no existen cargas laborales que lo ameriten.

Al personal le fue negado el derecho irrenunciable a disfrutar de su periodo vacacional bajo el argumento de que “el derecho preescribió el pasado 30 de noviembre” con el cambio de gobierno, lo cual carece de fundamento jurídico.

El personal se siente agredido al recibir imputaciones de ser corruptos sin ningún sustento ni acreditación, lo cual también es considerado un delito.

Los actuales servidores públicos con nombramiento vigente han sido impedidos para continuar atendiendo los asuntos y suscribiendo la documentación que se genera con la operación diaria.

Con lo anterior se puede incurrir en la nulidad de dichos actos, incluidos los procedimientos de contratación, en obvio perjuicio del mismo IMSS y de la derechohabiencia.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, se denuncia falta de conocimiento y perfil para el puesto de “los ciudadanos” que se ostentan como los nuevos titulares de las áreas.

La mayoría no pasó por el proceso de selección y contratación, con lo cual la nueva administración ha violentado la legislación y la normatividad vigente en todos los aspectos, legal, administrativa y laboral, lo que está llevando al IMSS a un desquicio y paralización.

Hasta ayer, a ninguno de los nuevos titulares de las distintas áreas le había sido notificada la revocación de su nombramiento, poderes o rescisión de sus contratos, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

Esta denuncia ya se comunicó a Germancito, al Órgano Interno de Control del IMSS, a la Secretaría de la Función Pública, de Eréndira Sandoval, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Raúl González.

Los titulares agraviados se desmarcan de cualquier responsabilidad por omisión, dado el impedimento para seguir operando, y plantean a las instancias referidas que les tengan por presentada la denuncia para los efectos a que haya lugar.

EL COSTO DEL APRENDIZAJE

Un claro ejemplo que ilustra el arribo de funcionarios que no tienen el perfil, ni la experiencia ni el conocimiento en áreas de gobierno sensibles como el IMSS, es lo que está sucediendo en Pemex con el desabasto de la gasolina. La decisión del presidente López Obrador de enfrentar a las mafias del huachicol, que, como él dice con toda razón, rehuyeron sus antecesores, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña, pasando por Felipe Calderón, es plausible y correcta por donde se le vea. Lo malo fue la pésima instrumentación de ese plan, lo que habla mucho de la falta de pericia de Octavio Romero y de Miguel Breceda, director general de Pemex y director de la unidad Pemex Transformación Industrial, respectivamente. La decisión de cerrar los ductos y sustituir la distribución con pipas no es lo más viable técnica y financieramente. Hay escasez no sólo de gasolinas sino de turbosina, por ejemplo, en el aeropuerto del Bajío, y ello podría extenderse al de Querétaro. Si el desabasto no se regulariza en las siguientes 48 horas, el costo político para AMLO va a ser cada vez mayor.

EL DELFÍN DE PERALTA

El que cabildea a todo lo que da para promover a su “delfín” como director del Puerto de Manzanillo es el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Jura y perjura que ya convenció a su amigo Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para poner en este cargo a Héctor Mora Gómez. Sin embargo, la industria pide una opción que termine con la mala administración que realizó Ovidio Noval Nicolau, actual director de la API Manzanillo, y que promueva un crecimiento del puerto para que se consolide como una pieza clave para lograr el liderazgo del sector portuario del país. A los empresarios no se les olvida la campaña que realizó Mora Gómez en redes sociales en contra del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

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