David Páramo

Análisis superior

David Páramo

8 Ene, 2019

¿Discusiones semánticas?

 

Durante el primer mes del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha generado una serie de relaciones tóxicas con algunos temas, en gran medida por el uso de las palabras que, en la mayoría de los casos, son discusiones semánticas.

En algunos puntos del país, la gente tiene que hacer larguísimas filas para obtener gasolinas, puesto que algunas estaciones de servicio han cerrado porque no tienen qué distribuir. Sin embargo, ayer mismo, el Presidente dijo que sí hay gasolina, pero que como se está cambiando el sistema de distribución, sí hay desabasto. Un día antes, Pemex emitió un comunicado muy poco claro en el que decía que no había desabasto y que la situación se normalizaría “a la brevedad posible”.

El gobierno puede decir que no hay desabasto, pero si la gente no puede adquirir el bien, sí lo hay. Se puede hacer una larga discusión semántica, pero la realidad es que si la gente ve racionada la compra de gasolina, lo que importan son los hechos.

Durante la administración de Peña Nieto, el combate a las organizaciones criminales de robo y venta de combustible se dio a través de las tácticas y las estrategias que usó muy exitosamente el gobierno de Colombia; en México, los resultados iban avanzando.

La nueva administración de Pemex, bajo el mando de Octavio Romero, ha venido restringiendo el suministro de gasolinas como estrategia para disminuir el robo. De acuerdo con datos que el presidente López Obrador ha dicho, ha disminuido el robo de pipas de 1,100 diarias a 100 (el número, que no tiene fuente, parecería de entrada excesivamente elevado ¿de qué tamaño es el parque vehicular de pipas que distribuyen gasolinas en el país?).

Sin embargo, no es el único problema semántico que genera relaciones tóxicas. Hace unos días, el diputado de Morena, Mario Delgado, decía que el precio de la gasolina en la frontera norte del país había bajado y afirmaba no que no se podía. Otra vez, la discusión semántica. El precio en aquella región del país disminuye por el apoyo fiscal que el propio Presidente aseguró que durará toda su administración. Sea como sea, el precio al consumidor bajó para cierto sector de la población, pero no por su precio, sino por el estímulo fiscal.

Durante la campaña presidencial, diversos voceros de Morena aseguraban que el precio de la gasolina podría disminuir si se eliminaba el IEPS, sin embargo, al llegar al gobierno, los legisladores de ese partido aceptaron la propuesta de la Secretaría de Hacienda para mantener esa contribución.

Y aquí se desarrolló una nueva discusión absurda. ¿Se trata o no de un gasolinazo? Esas discusiones que deberían circunscribirse a redes sociales y otros foros de incultura, alcanzó a la Secretaría de Hacienda que, de una manera correcta, publicó una serie de explicaciones.

No vale la pena hablar en términos de gasolinazo. Esa simplificación existe desde que los opositores al gobierno de Felipe Calderón criticaron que el IEPS aumentara lo que la inflación esperada (sí, el mismo esquema que se usa este año) y que ha alcanzado para todo. Decir gasolinazo es como usar cualquier mala palabra: lo mismo definen algo bueno que algo malo. 

Más allá de las explicaciones, la posición del equipo de Carlos Urzúa, es mucho mejor que la de Jiménez Espriú, quien en un lamentable e irrespetuoso tuit pretende descalificar datos concretos. Es mandatorio que el secretario de Comunicaciones y Transportes explique cuánto costarán la creación de un nuevo sistema aeroportuario del Valle de México y la cancelación del NAIM.

Se ha generado la idea, rotundamente equivocada, de que con la compra de 1,800 millones de dólares en bonos se terminó el problema. Valdría la pena recordar que la emisión original es de 6,000 millones de dólares, es decir, es menor de la tercera parte. Adicionalmente, hay otros 30,000 millones de pesos en una fibra E que deberán ser resueltos a la brevedad posible.

Como documenté en su momento, el trabajo del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, evitó una crisis de deuda sobre todo el gobierno mexicano y abrió espacio para tener una discusión más tranquila.

Aquí no hay una discusión semántica, se trata de un hueco de información. La SCT no ha dado a conocer cuánto costará la cancelación del NAIM, que debe sumarse al costo de las readecuaciones del AICM, la terminal de Toluca y el cambio de giro de la base militar de Santa Lucía.

Cuando Jiménez Espriú intenta una descalificación personal a los datos, comete un par de errores: no cumple con su función de informar al pueblo y genera la impresión de que no tiene la menor idea de cuánto costará la decisión del gobierno de López Obrador.

Si quiere hacer un análisis superior de la realidad, es necesario que no se vaya con las discusiones semánticas y se concentre en los hechos. Si el IEPS a la gasolina sube 4.7%, la inflación esperada es de 3.4%. Es claro que habrá un aumento en términos reales, a no ser que el precio de la gasolina baje mucho; lo demás es rollo.

 

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