Reingeniería del gobierno

La ley de remuneraciones del sector público aprobada por la Cámara de Diputados, con base en una minuta con más de 7 años de antigüedad del Senado de la República, es un intento por disminuir el costo del gobierno. Desde cualquier punto de vista conceptual, es loable cualquier intento por disminuir el costo del gobierno y hacerlo más eficiente, sin embargo, como en cualquier legislación, es necesario estar pendientes de la implementación, puesto que ahí suelen generarse problemas que terminan siendo peores que los males que se pretendían corregir.

Primero, es necesario cruzar la neblina de la politización. En el Congreso parecería que hay quienes no se han dado cuenta que Morena tiene mayoría absoluta, lo que lleva tanto a la oposición a desarrollar nuevas habilidades como al partido en el gobierno a que le hagan darse cuenta, entre otras cosas, que la venganza no sólo no construye, sino que además va en contra de sus propios intereses.

En las últimas cuatro ocasiones se han registrado tres cambios de partido en el gobierno, debido a que los votantes han tenido como principal argumento la decepción del gobierno en turno. Ha ganado quien capitalizó mejor la decepción de la población. Una mezcla que se genera con el desgaste del gobierno y el exceso de ilusión por las promesas. Lección que no ha aprendido desde que Vicente Fox anunció que si ganaba en el 2000, nacería un nuevo México.

No vale perder el tiempo en la discusión sobre las fórmulas contempladas en la ley para actualizar el dictamen de hace 7 años ni tampoco en los excesos verbales de los diferentes grupos políticos, puesto que nos aleja del fondo de la cuestión.Es ocioso, en muchos sentidos, hablar de burocracias doradas, ya que como todas las generalizaciones, es profundamente injusta; el sector público está pletórico de funcionarios, quienes ven en el gobierno en turno a un patrón y buscan servirlo. No confundir a los políticos que se meten a la burocracia.

REPLANTEAMIENTO

Para la administración de Andrés Manuel López Obrador era necesaria esta ley de remuneraciones para avanzar con el desarrollo del Paquete Económico, puesto que les ayuda a tener una idea mucho más clara de cuántos recursos dispondrán en los dos lados de la cobija. Se deben compaginar las propuestas de gasto (disminuir impuestos en la frontera, programas de subsidio a grupos seleccionados, obras de infraestructura…) y los ingresos reales del gobierno.

La disminución de los salarios de cierto grupo de servidores públicos plantea un reto fundamental que deberá ser resuelto por el equipo de Carlos Urzúa antes de pensar en la disposición real de los recursos.

¿Qué sucede con los derechos laborales adquiridos por los trabajadores? Resulta difícil justificar desde cualquier óptica que se les baje el sueldo o que se aprovechen vericuetos extralegales de contratos temporales de los trabajadores.

Otro de los retos que tendrán que resolver los nuevos funcionarios de la Secretaría de Hacienda es cómo se realizará el recorte de personal y de gasto en las diferentes dependencias del Estado. Hablar de un recorte de 70% del personal de confianza no es una medida que deba hacerse automáticamente, puesto que se corre el riesgo de parálisis del sector público.

Funcionarios como Arturo Herrera, postulado como subsecretario de Hacienda, han establecido que volverá a desaparecer la subsecretaría de ingresos. Hay que recordar que cuando se creó el SAT se tomó esa idea, aun cuando posteriormente se revirtió. Dentro de ese sector, yo recomiendo ampliamente la desaparición de la Condusef, que ha tenido paupérrimos resultados y podría ser una dirección dentro de la CNBV.

Es muy relevante destacar las gestiones que está realizando Graciela Márquez Colín, haciendo ver que la Secretaría de Economía, para la que está postulada, es la dependencia del sector público con menor personal y presupuesto del gobierno federal, a pesar de la gran relevancia de sus atribuciones.

No sólo ha señalado que se debe desaparecer la Subsecretaría de Normatividad, sino que además se buscarán medidas que disminuyan el costo, a cambio de que le permitan preservar funciones vitales dentro de la dependencia. Este esfuerzo ha resultado muy loable.

SOLUCIONES

Partiendo de la base de que es indiscutible la necesidad de disminuir el tamaño del gobierno, ahora es necesario hacerlo de la manera más eficiente posible. El planteamiento de reducir, como se ha señalado, el 70% del personal de confianza del sector público por dependencia podría implicar riesgos de operación para el gobierno. Es lógico suponer que hay funcionarios de alto nivel con puestos poco relevantes o duplicados; sin embargo, también es un hecho que hay algunos que son torales y que no se pueden mover. Piense en médicos dentro del sector salud quienes, son personal de confianza.

Es necesario que los nuevos funcionarios de Hacienda tengan la habilidad de hacer una reingeniería completa del sector público y la única medida de éxito será que disminuya el gasto y aumente la eficiencia del gobierno. Si fracasan, el gobierno se volverá más ineficiente.