11.4 millones de personas en pobreza laboral sin acceso a la canasta básica

CIUDAD DE MÉXICO.- La pobreza laboral se elevó de 35.7 a 44.5% de la población (+11.4 millones de personas) en sólo seis meses, situación que se explica por la pérdida de empleos y la reducción de ingresos de las familias por causa de la covid-19, y también por el incremento en los precios de los alimentos.

Sobre este último factor, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que el precio de la canasta alimentaria (umbral para la pobreza extrema por ingresos) en zonas urbanas pasó de 1,598.5 a 1,676.11 pesos por persona entre diciembre de 2019 y noviembre de este año, lo que implica un incremento acumulado de 4.85 por ciento.

Este aumento es superior al de la inflación general, que en el mismo periodo acumula una tasa de 2.76 por ciento.

Pero el alza del precio de la canasta alimentaria, considerada como la inflación para los más pobres, se ha sentido con más fuerza en zonas rurales: en esas zonas pasó de 1,134.6 pesos a 1,206.24 pesos por persona, un aumento de 6.31%, es decir, 2.2 veces la tasa de la inflación general.

FACTORES

José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, explicó en entrevista con Excélsior que efectivamente el fuerte incremento dificulta los esfuerzos de mitigar los efectos de la pandemia en el empleo y los ingresos laborales, sin embargo, dijo que era situación que el propio Coneval había advertido que sucedería como uno de los efectos de la crisis sanitaria.

En nuestro reporte de política social de mayo sobre el covid-19 indicamos que una de las acciones a seguir por parte de las autoridades era cuidar la cadena de suministro de alimentos y evitar que se dispararan los precios, en especial de alimentos. Parece que en lo primero no hubo afectación, pero en lo segundo sí. Y lamentamos que las mayores alzas sean en zonas rurales, áreas que ya de por sí tienden a tener menores ingresos, ahora son los más afectados por el alza en precios de los alimentos”, comentó Cruz.

En este sentido, el funcionario resaltó que, por un lado, quizás ha hecho falta que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en conjunto con autoridades locales redoblen esfuerzo en vigilancia de grandes centros de abasto en el país para evitar el abuso de quienes especulan con el precio de los alimentos, y por el otro, también que los ciudadanos ejerzan su derecho a denunciar este tipo de prácticas ante las autoridades.

El secretario ejecutivo del Coneval confió que la recuperación económica y el alza del salario mínimo ayuden a reducir la pobreza laboral para el próximo año.

VIGILANCIA, NO CONTROL DE PRECIOS

Consultado sobre qué se debe hacer para evitar que el aumento en el precio de los alimentos agudice más la complicada situación de las familias por causa de la afectación por la covid-19, José Nabor Cruz fue enfático al señalar que se debe evitar cualquier tentación de control de precios, y por el contrario, la salida debe ser vigilancia puntual de ciertos productos para que no haya abusos contra los consumidores, y un reforzamiento de ciertos programas sociales.

Lo ideal serían operativos en diferentes centros de abastos del país vigilando la evolución de los precios y detectando prácticas especulativas e indebidas. Pero esto se debe acompañar de un fortalecimiento de algunos programas sociales como Liconsa, Diconsa, Precios de Garantía e incluso el Programa Especial Concurrente, con el fin de que puedan servir en el objetivo de estabilizar los precios y redunde en beneficio de productores y consumidores de bienes básicos”.

Por lo anterior, Cruz expresó que se debe evitar cualquier llamado a control generalizado de precios de los alimentos, ya que si bien sería una medida que tendería a ser respaldada por la población porque da la idea de “estar protegiendo el bolsillo de las familias”, en realidad tendría enormes perjuicios no sólo por su alto costo económico al tener que dedicar grandes subsidios para mantener precios de los productos, sino también por el enorme costo reputacional interno y externo para el país en términos del funcionamiento de los mercados de bienes y servicios.