Buscan combatir al crimen desde el enfoque financiero

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que en la presente administración se han bloqueado de manera directa casi cuatro mil millones de pesos, de recursos que se presume son de procedencia ilícita, aunque aclaró que dichos montos pueden disminuir cuando se otorgan suspensiones.

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El funcionario reconoció que el dinero que efectivamente se decomisaba en el pasado y los activos, relacionados con el lavado de dinero, una vez agotadas todas las instancias legales y llegando a una sentencia pronunciada sí son alarmantes: “son recursos realmente muy reducidos, 15 millones de pesos y 4 millones de dólares, que contrastan con otros mecanismos que hemos podido utilizar recientemente como es el congelamiento de cuentas para evitar que estos recursos de procedencia ilícita sigan lesionando al Estado y a la sociedad mexicana”.

Al participar en el Seminario de Thomson Reuters sobre el lavado de dinero, afirmó que después del blanqueo de dinero del narcotráfico y el robo de hidrocarburos, el tercer gran problema en México tiene que ver con recursos que se lavan por corrupción política.

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Sobre el crimen organizado, Nieto expresó que todavía hay espacios que son controlados por ellos, y siguen presentes lastimando a la sociedad mexicana”.

También dijo que hay grupos delictivos con operaciones regionales como los Viagras y Santa Rosa de Lima en Guanajuato, y la Unión Tepito, en la CDMX.

Nieto destacó que el robo de combustible se redujo a 4 o 5 mil barriles diarios, y exhortó a la población a no aceptar efectivo cuando venden una casa, para no correr el riesgo de estar en operaciones de lavado de dinero.

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EXTINCIÓN DE DOMINIO

Nieto expuso que ha habido críticas a la Ley de Extinción de Dominio y a la reforma constitucional. “Estoy a favor evidentemente de que haya extinción de dominio por temas de corrupción”.

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La crítica ha sido de que cómo es posible que se pueda extinguir el dominio de un bien cuando no hay una sentencia condenatoria en materia penal. Pero ése es precisamente el problema, vincular lo penal a la extinción de dominio civil es que dependemos de sentencias condenatorias, y como lo ha dicho el propio Fiscal General de la República, tenemos un problema que es la impunidad en cuanto al número de sentencias condenatorias. Se hablaba de 2 por ciento en el sistema tradicional y 8% en el sistema acusatorio”.

*amm