¿Cuánto le cuestan a México los delitos del fuero común?

En México, el costo de los delitos del fuero común como robos, fraudes o secuestros para hogares y empresas suma 455 mil 345 millones de pesos
Economía -
 En México, el costo de los delitos del fuero común como robos, fraudes o secuestros para hogares y empresas suma 455 mil 345 millones de pesos. Foto: iStock
En México, el costo de los delitos del fuero común como robos, fraudes o secuestros para hogares y empresas suma 455 mil 345 millones de pesos. Foto: iStock

CIUAD DE MÉXICO.- En México, el costo de los delitos del fuero común como robos, fraudes o secuestros para hogares y empresas suma 455 mil 345 millones de pesos, lo que representa 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB), revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por entidad federativa, los que tienen mayor carga del delito como proporción de su producto son: el Estado de México, con 4.5%; Morelos y Michoacán, con 3.8% cada una; Puebla, con 3.6%, y Oaxaca con 3.4 por ciento. En cambio, los de menor nivel son: Campeche, con 0.6%; Baja California Sur, con 1.2%, y Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Coahuila, con 1.4% del PIB local cada una.

Respecto a 2012, que es el primer dato disponible del Inegi, el coeficiente descrito apenas se ha reducido en una décima de punto (2.3 a 2.2 por ciento).

MEJOR JUSTICIA

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, dijo a Excélsior que el mayor costo de los delitos está relacionado, por un lado, a la mayor incidencia delictiva, en particular del robo, que concentra 51% del caso de afectaciones a los hogares y 57% en las empresas. Y por otro, también se relaciona con la falta de efectividad de los sistemas de procuración e impartición de justicia estatales, responsables de atender los delitos del fuero común.

Novoa dijo que esta falta de efectividad, medida en que 93.2% de los delitos a hogares y 86.6% a empresas no se denuncia o no se inicia carpeta de investigación (cifra negra), y que menos de 10% de lo que se denuncia llega hasta la sentencia final, incentiva a que se sigan cometiendo más delitos y que la ciudadanía no confíe en los sistemas de procuración de justicia.

Esto es lo que llamamos ‘impunidad institucionalizada’. El problema de fondo es que tenemos muy baja capacidad de investigación criminal y más en delitos de mayor impacto; lo que se resuelve en las procuradurías y tribunales son aquellos casos donde tienes detenidos o un posible culpable, en los otros casos, donde no hay detenidos o posible responsable son los que mayoritariamente se quedan sin resolver”, expresó Novoa.

*livm

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