Muy pronto internet, cable y teléfono podrían dejar de ser un "lujo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante una iniciativa de ley presentada en el Congreso, se buscará derogar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que desde hace 9 años se aplica a las telecomunicaciones, lo que permitiría corregir las contradicciones entre la legislación fiscal y el derecho constitucional de acceso a los servicios de ramo, informó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Explicó que se ha demostrado que en los casi 9 años desde que se introdujo, el IEPS no ha alcanzado los montos de recaudación propuestos y que, por el contrario, se trata de un impuesto regresivo que contradice el mandato constitucional que establece que las telecomunicaciones son un derecho fundamental de los mexicanos.

Indicó que los reportes de la SHCP sobre el estado de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública revelan la ineficiencia en la recaudación del IEPS en telecomunicaciones, lo que se refleja en el hecho de que, desde su introducción en 2010, el IEPS aplicado a las telecomunicaciones no ha logrado alcanzar los niveles previstos por la Ley de Ingresos de la Federación, con la excepción de los ejercicios fiscales de 2011 y 2013.

Agregó que incluso, “año tras año, su recaudación sigue una trayectoria a la baja, que lo deja como un gravamen ineficiente, además de distorsionante. En el periodo 2013-2018, el efecto acumulado de su caída alcanza una merma de 23 por ciento, siendo 2018 el único año fiscal con desempeño positivo, pero mínimo, de 2.0 por ciento”.

UN DERECHO

Reiteró que el acceso a la conectividad y a las TIC es un derecho protegido por la Constitución (artículo 6º), tal que es obligación del Estado su procuración y garantía de satisfacción, pero que, en franco contraste, impera el régimen fiscal que grava a los diversos servicios de telecomunicaciones como servicios de lujo a través del IEPS que agrega un gravamen de 3 puntos porcentuales al consumo ya de por sí tasado por el IVA. Con todo, una tasa al consumo que asciende a 19 por ciento.

Este gravamen, que nace de una desesperación fiscal, según The CIU, se ubica en la misma categoría que alimentos, bebidas y tabacos con incidencia negativa sobre la salud pública, así como los combustibles fósiles.

Su tratamiento fracturado entre lo constitucional y lo fiscal, resulta hoy incompatible con su carácter público e incidencia positiva y vulnera la esfera de protección y garantía del derecho de acceso a los servicios convergentes.

*LIVM