Preocupa a IP intervención en el presupuesto; advierte de mayor discrecionalidad

CIUDAD DE MÉXICO.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró preocupante la intervención del gobierno para adecuar el presupuesto en caso de que se presenten “emergencias económicas”, ya que podría darse una discrecionalidad en el ejercicio de los recursos de hasta 50% o mayor del gasto disponible.

En días pasados el gobierno presentó iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su artículo 21, señalando que “En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría de Hacienda podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.

El organismo que dirige Carlos Hurtado dijo que son preocupantes las atribuciones discrecionales para el manejo del gasto por parte del Ejecutivo, ya que a diferencia de lo previsto en el artículo 58 de la LFPRH que fija umbrales de modificaciones al presupuesto de cada ramo para informar al Congreso, en este caso se hace referencia a reorientaciones del gasto –por parte de Hacienda– de hasta 5% o 10% del gasto aprobado total, lo que en términos absolutos significaría 301 mil millones de pesos o 602 mil millones de pesos, y que como porcentaje del PIB representarían 1.2% o 2.5%, respectivamente.

Estas cifras serían inmensas, si se considera que alrededor del 80% del gasto público es ineludible, para pagos de nómina fija, programas imprescindibles desde médicos, enfermeras y maestros hasta participaciones y aportaciones federales, servicio de la deuda, jueces y controladores aéreos entre muchos otros”, advirtió.

El CEESP consideró más apropiado y afín a las mejores prácticas que fuese un Consejo Económico de Emergencia, con participación del gobierno y de los organismos pertinentes de la sociedad, quien decretara la emergencia económica.

Para que después se tuviera la oportunidad de crear un Consejo Fiscal Independiente, y hasta ser parte de este, que tendría además otras atribuciones más cotidianas y regulares.

AUSTERIDAD, UN GOLPE

El organismo criticó también el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad para las dependencias y entidades de la administración pública federal, ya que no se adoptan las medidas requeridas para hacer frente a los efectos de la crisis económica-sanitaria.

Decretar una reducción voluntaria de 25% de manera progresiva en los salarios y cancelar aguinaldos y cualquier otra prestación de fin de año de altos funcionarios públicos, además de ser una medida inconstitucional, representa un severo golpe para la economía familiar y va en detrimento del consumo”, expuso.

Dijo que la decisión de no ejercer el 75% del gasto en servicios generales traería mayores problemas a los proveedores del sector público, que agudizarán el problema de liquidez que ya se da en el empresariado.

cva