¿Qué México heredará el próximo Presidente?

El sexenio de Enrique Peña está dando sus últimos estertores. En quince días habrá teóricamente un Presidente electo, y comenzarán los procesos de transición de una administración a otra. ¿Qué economía recibirá?
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¿Qué México heredará el próximo Presidente?

 

CIUDAD DE MÉXICO.- En cuanto a crecimiento económico, México ha seguido encallado en su eterna tendencia histórica: una expansión de algo más de 2.0 por ciento. Entre 2013 y 2017, el PIB se incrementó, en promedio, un 2.5%, ligeramente por encima de la tasa observada desde que inició el siglo (2.2%). Por tanto, pese a las reformas estructurales que el gobierno de Peña Nieto logró sacar adelante al inicio del sexenio con el fin de mejorar la productividad de México, y pese a que la economía mundial ha sorteado una crisis global y se ha mantenido en un ciclo de expansión firme, el gobierno fracasó en su esfuerzo por insertar al país en una senda de crecimiento más dinámica y generosa.

Especialmente sintomático es el poco impulso con el que termina el sexenio: el mejor año de esta administración fue 2015, con un aumento del PIB del 3.3%, un ritmo de expansión que languideció a 2.9% en 2016 y 2.0% en 2017.  Para este año, y según la última encuesta de Banco de México (Banxico), la expectativa es que la economía crezca un 2.3%, muy lejos de las promesas que se realizaron al inicio de sexenio de tasas de expansión cercanas a 5 por ciento.

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Eso no quiere decir que el gobierno no lo intentara. Tras el inesperado parón que sufrió la economía mexicana durante 2013, cuando el PIB se frenó a 1.4% comparado con un crecimiento de 3.6% en el último año de Felipe
Calderón, la administración de Peña Nieto decidió recurrir a una política fiscal expansiva con objeto de revitalizar a la economía. La estrategia funcionó. En el 2014, la economía aceleró su ritmo de crecimiento a 2.8%. Pero lo logró a un costo muy alto: el vertiginoso incremento del déficit fiscal y de la deuda pública se convirtió, durante el resto del sexenio, en un lastre contra el que tuvo que combatir el gobierno, sobre todo al coincidir con un súbito desplome de los precios del crudo a partir de la segunda mitad de 2014 que diezmó los ingresos petroleros y puso en apuros la salud financiera de Pemex. 

De este modo, la deuda pública neta del sector público pasó de representar 33.8% del PIB en el año 2012 a 48.2% en el 2016. La ansiedad de los inversionistas respecto al compromiso del gobierno federal con la disciplina presupuestaria forzó al gobierno a mudar de estrategia con el objeto de detener el deterioro fiscal y restablecer la confianza de los inversionistas. En 2017, la táctica funcionó, al menos en los grandes números: el superávit primario (excluyendo el pago de intereses de la deuda) fue equivalente a 1.4% del PIB y la deuda pública logró reducirse a 46.3% del PIB.

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Sin embargo, detrás de los buenos números fiscales hay mucho maquillaje y poco ajuste fiscal de fondo,  un costo que el gobierno se resistió a asumir con la economía en franca desaceleración y en vísperas de un año electoral. En efecto: la mejora de los resultados fiscales se debió, en gran medida, a la carretada de ingresos extraordinarios que entraron en las arcas públicas provenientes del Remanente de Operación de Banxico, y que representaron 1.5% del PIB. De no ser por esos recursos, el balance primario habría sido de tablas y el descenso de la deuda pública mucho más modesto.

Ahora bien, en 2018 el gobierno no contará con remanentes de Banxico, por lo que se pondrá a prueba el verdadero éxito de las políticas de consolidación fiscal. Afortunadamente las cifras no vinieron nada mal durante los primeros cuatro meses del año, aunque de nuevo el ajuste se está produciendo por el lado de los ingresos: si excluimos los remanentes de Banxico, los ingresos públicos totales aumentaron un 2.6% real respecto al mismo periodo del año pasado, lo que refleja una mejora en los esfuerzos de recaudación. De hecho, si lo comparamos respecto a los ingresos programados, el gobierno ha recaudado 154 mil millones de pesos (mdp) más de lo previsto, o una mejora de casi 10 por ciento.

Ahora bien, esos mayores recursos provienen, en buena medida, de la recuperación del precio del barril de crudo y el consiguiente robustecimiento de los ingresos petroleros, cuyo incremento entre enero y abril fue de 10.1%: eso supone 51 mil mdp más de lo programado, o un incremento de 18.8%. Los ingresos tributarios no petroleros también se han fortalecido resultado del mayor dinamismo de la economía. El problema es que por el lado del gasto no se ha percibido ninguna ajuste: el gasto neto pagado se elevó, en términos reales, 9.8%. Aun así, el buen comportamiento de los ingresos permitió que el balance primario registrara un superávit de 172 mil 300 millones de pesos, por encima de lo esperado. Con estas cifras, México va en camino de lograr los objetivos fiscales de este año: un superávit primario de 0.8% del PIB, un déficit público en su definición más amplia de 2.5% del PIB, y una deuda pública neta de 45.5% del PIB.   

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Dicho esto, son los mayores ingresos, antes por los remanentes de Banxico y ahora por el aumento del precio del petróleo, los que están financiando un gasto que permanece en expansión y cuya trayectoria no se ha logrado modificar, pese al presupuesto Base Cero. Lo que sí ha cambiado es su composición, al seguir privilegiándose el gasto corriente: si en 2012, dicho rubro representaba 76.1% del gasto programable, en 2017 se había elevado a 79.5%, en tanto el gasto en capital descendió de 23.9 a 20.5%, cuando se aconsejaba que la dinámica debía ser la contraria. La contracción de la inversión en capital, sin duda, echó por tierra proyectos de infraestructura pública, socavó el crecimiento y mermó la capacidad del futuro gobierno para pagar sus obligaciones.    

El magro crecimiento económico, el deterioro fiscal, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el ciclo de subidas de tasas de la Fed derivó, a su vez, en una significativa depreciación del peso mexicano: tras cotizar el dólar en 12 pesos a los pocos meses del arribo de Peña Nieto a Los Pinos, el peso llegó a hundirse hasta los casi 22 pesos en enero de 2017, o diez pesos más por dólar. La debilidad del peso sumado a los “gasolinazos” para cubrir el agujero fiscal implicó, a su vez, un notable aumento en la inflación, que actualmente se sitúa por encima de la meta de Banxico. Con el fin de contener las presiones inflacionarias, Banxico se vio forzado a una agresiva política de subida de tasas.

Por tanto, el próximo Presidente recibirá una economía que no está en crisis, que en términos macroeconómicos es gestionable, pero que sí se ha deteriorado durante el sexenio. Así, hay crecimiento, pero la economía sigue sujeta a las ataduras que la han mantenido anquilosada durante los últimos veinte años; hay cuentas públicas manejables, pero permanecen vulnerables, hay escaso margen de maniobra y urge intervenir en la trayectoria y composición del gasto; se han absorbido los “shocks” cambiarios, pero se ha perdido la estabilidad del peso, que sigue amenazada; y la inflación no está desbocada, pero permanece en niveles demasiado elevados, lo que está mellando el poder de compra de los más desfavorecidos, esa multitud por la que también, el próximo Presidente de México, deberá hacer algo. 

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*Director de llamadinero.com y profesor
de la Facultad de Economía de la UNAM.

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