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CIUDAD DE MÉXICO.- A México le urge debatir seriamente la pertinencia de perder cuantiosos recursos por exenciones fiscales que superan el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, mismos que se podrían utilizar para garantizar el acceso universal a derechos sociales no sólo para la población pobre (52.4 millones de personas, 41.9 por ciento del total), sino también para evitar que la población que está a un paso de ser pobre (41.2 millones, 36.2 por ciento del total) caiga en esa situación, afirmó John Scott, consejero académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En el marco de los recientes datos de pobreza multidimensional 2008-2018 publicados por Coneval, y de la próxima discusión del Paquete Económico 2020, el funcionario explicó, en entrevista con Excélsior. que las exenciones tributarias son el fiel reflejo de los “privilegios históricos” que han tenido ciertos grupos con poder de negociación política, razón por la cual, si se quiere superar la pobreza y reducir la desigualdad, es necesario que el gobierno evalúe esa pérdida de recursos, y en su lugar gastarlos no sólo para abatir los rezagos en educación, salud, infraestructura e ingreso para los más pobres, sino también mejorar la protección de los vulnerables en caso de que pierdan su empleo a través de subsidios temporales, y los que lleguen a sufrir enfermedades u otras contingencias.
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Las exenciones que se crearon no fueron porque alguien dijo: aquí están los sectores más vulnerables y hay que apoyarlos. No, son el logro de los sectores más organizados históricamente. Podemos iniciar la discusión de cero en un escenario político donde se afirma que se quiere combatir los privilegios”, comentó Scott.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, para 2020 se espera una pérdida recaudatoria por beneficios fiscales por 880 mil millones de pesos, lo que representa 3.4% del PIB.
RACIONALIDAD
El experto del Coneval afirmó que el debate para ampliar la recaudación debe hacerse de forma racional, basada en evidencia, de tal forma que se mantengan las que funcionan y quitar las que no, además de buscar un mecanismo de compensación para la población más pobre, en particular en lo que tiene que ver con impuestos al consumo.
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Para eliminar exenciones, primero debes asegurarte que no dañes a la población más vulnerable. Debes asegurarte que los recursos se usarán para proteger a la población, en particular a los más pobres. No debe ocurrir como en los subsidios a la gasolina, que se eliminaron de forma acertada ampliando la capacidad fiscal del país, pero que no se buscó un mecanismo compensatorio para los más vulnerables por el aumento de precios derivado en particular de los alimentos”.
OTRAS FUENTES
El también académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas afirmó que otras fuentes de ingresos para ampliar la capacidad fiscal del país tienen que ver con el cobro del impuesto a la tenencia vehicular y el impuesto predial.
Asimismo, pidió considerar una reforma en la manera en que se otorgan los subsidios a la seguridad social contributiva, pues desproporcionadamente benefician a la población de más alto ingreso. “Se pueden gastar esos mismos recursos destinados a la seguridad social contributiva de una forma más equitativa”, manifestó.
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John Scott agregó en entrevista con David Páramo para Análisis Superior de Imagen Radio, que hay programas que funcionan mejor que otros, y reiteró que para tener un mejor impacto del gasto en la pobreza, no basta con elevarlo, sino que llegue a la gente más necesitada.
Para superar la pobreza y reducir la desigualdad en el país, el gasto público debe orientarse a crear un sistema de seguridad social universal que reduzca de manera estructural la informalidad, crear un sistema de apoyos para que los pobres se integren a proyectos productivos, y a mejorar la calidad de los servicios que da el sector público, afirmó John Scott, consejero del Coneval.
Afirmó que hay casi un consenso en que corregir la informalidad pasa por crear un sistema universal financiado con impuestos generales en lugar de cuotas patronales, pero que hasta ahora ha faltado visión de Estado para llevarlo a la práctica. “Nuestro sistema dual de seguridad social incentiva a asignar recursos a actividades improductivas, lo que perjudica el propio crecimiento.”
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Sobre el segundo reto, que son los apoyos productivos a los más pobres, Scott afirmó que “deben tener una visión integral y territorial, donde se conjunte los recursos en un solo fondo y dependencia, en lugar de tener varios programas chiquitos y fragmentados. Los apoyos deben permitir que en cada localidad se llegue a una escala suficiente para detonar procesos de desarrollo, y no simplemente que se le ayude a alguien a producir un tamal”.
Sobre mejorar la calidad de los servicios públicos, Scott expresó que “debemos mantener el ritmo de abatir las carencias de acceso a servicios sociales, pero además hay que mejorar su calidad. Debemos cambiar esa ecuación de los servicios de salud y educación que reciben los más pobres, son los de más pobre calidad. Urge garantizar el acceso efectivo a los derechos, y con calidad”.
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