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La oferta que realizó el gobierno federal a los extrabajadores de Mexicana de Aviación para adquirir algunos activos de la extinta aerolínea, incluida la marca, es inconstitucional, advirtió Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA).
El especialista en derecho aeronáutico, explicó que eso se debe a que las modificaciones a las Leyes de Aviación Civil y Aeropuertos que envió el ejecutivo federal a la Cámara de Diputados y, que permitirían a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operar una aerolínea comercial, no han sido aprobadas.
Agregó que la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría analizarse y, en su caso, votarse hasta febrero cuando inicie el próximo periodo de sesiones.
Llama la atención lo prematuro de la propuesta económica sin tener certeza de que legalmente la Sedena pueda operar una aerolínea, y no se prevenga el posible detrimento en contra del erario. En su caso, el nombre y marca comercial adquiridos por la 4T, terminarán en un archivero de alguna secretaría de Estado”, apuntó el especialista.
Según lo revelado por los sindicatos de trabajadores de Mexicana de Aviación, el gobierno les pagaría unos 816 millones 786 mil 335 pesos por diversos activos que pertenecieron a la aerolínea, entre ellos, la marca por la que obtendrían 20.8 millones de dólares. Sin embargo, un avalúo previo, que se realizó durante el concurso mercantil, valoraba a la marca Mexicana de Aviación en 75 millones de dólares.
El especialista destacó en un informe que con la propuesta de compra-venta también se violan preceptos constitucionales y legales de la Ley de Planeación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras. Además, de que contraviene lo señalado por el gobierno en su propio Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.
En esencia, dichos ordenamientos se refieren a la planeación nacional del desarrollo, así como, todo lo relativo a la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Pero resulta que en el PND 2019-2024, no existe nada relativo o referente a la constitución de una aerolínea comercial a cargo del gobierno federal, que podría costar en su totalidad unos 150 millones de dólares, y en el presupuesto 2023 no existe un peso asignado para tal efecto como resultado de una espontaneidad presidencial”, enfatizó.
Indicó que muy diferente fue el caso de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que sí está presente en el PND y al que se le asignaron recursos de forma legal.
Debe señalarse que cualquier desvío de recursos no presupuestados y etiquetados, conlleva sanciones administrativas y penales para el servidor público involucrado, además de contravenir lo dispuesto por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Todo ello, vicia de inconstitucionalidad la pretendida compra de la marca Mexicana de Aviación”, dijo.
Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, destaca que con la propuesta del gobierno federal los trabajadores tendrán que desistir de sus demandas laborales previamente al pago ofrecido.
Durante el concurso mercantil, ya se timó a los trabajadores con desistimientos previos a cambio de futuros pagos que jamás se realizaron”.
Agregó que también causa suspicacia el hecho de que en la propuesta de compra no se incluye a la base de mantenimiento Mexicana MRO, que se encuentra en operación, genera recursos y cuyo manejo ha sido opaco.
Miriam Paredes
