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Es rara la ocasión en que los fabricantes de aviones como Boeing enfrentan una investigación penal después de que se estrella alguno de sus aviones. No obstante, el otoño pasado un gran jurado de Washington, D. C., emitió una orden para investigar los registros luego del accidente de un avión 737 Max de Lion Air. Tras el reciente accidente de Ethiopian Airlines en el que hubo circunstancias similares, el FBI se ha unido a la investigación.
The New York Times describió como “frenético” el impulso de Boeing por desarrollar el 737 Max e informó que procuradores y reguladores están investigando si eso provocó que Boeing “pasara por alto riesgos críticos de seguridad y minimizara la necesidad de capacitar a los pilotos”.
Sin embargo, ¿qué leyes federales penales están revisando los investigadores mientras analizan a detalle los registros de Boeing? Tanto el Departamento de Justicia como Boeing se han rehusado a ofrecer comentarios respecto de la investigación penal.
Un estatuto que podrían tomar en cuenta es la ley federal de declaraciones falsas. A grandes rasgos, la ley se usa cuando una empresa brinda información a una agencia federal como la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) para certificar la seguridad de un avión y se considera un crimen si esta da “cualquier tipo de representación o declaración falsas, ficticias o fraudulentas” a una agencia sobre un tema que se encuentre dentro de su jurisdicción.
Los investigadores examinarán si Boeing realizó cualquier tipo de declaración falsa sobre un nuevo sistema de software que se agregó para evitar el riesgo de estancamiento en la serie 737 Max de Boeing.
Los investigadores sospechan que hubo datos incorrectos en los sensores de los dos aviones, lo cual pudo haber provocado la falla del sistema, conocido como MCAS. El director ejecutivo de Boeing señaló que el sistema de vuelo automatizado fue un factor en los dos accidentes.
Boeing también estaba cobrando cargos adicionales por dos funciones de seguridad en sus aviones 737 Max las que hubieran podido ayudar a los pilotos a detectar las lecturas erróneas en los sensores y evitar problemas con el software.
Es probable que los investigadores examinen si Boeing realizó algún falso testimonio sobre las mejoras o si la empresa no divulgó a la FAA posibles problemas de seguridad sin esas mejoras.
La ley de declaraciones falsas no solo abarca mentiras descaradas, sino también informes en los cuales una persona “falsifica, oculta o encubre” información presentada ante una agencia federal. Ha habido una serie de juicios en los que hubo declaraciones falsas a la FAA conforme a esta ley.
Sin embargo, en la mayoría de esos casos, los involucrados son pilotos que no divulgan información porque la agencia podría revocar una licencia o negarse a renovarla.
El desafío de presentar un cargo de declaración falsa es que el gobierno debe demostrar que fue hecha “con conocimiento de causa y premeditación”. Esto quiere decir que la negligencia de Boeing no bastará para demostrar una violación.
La investigación penal también podría examinar si Boeing violó una ley adoptada en 2000. La ley considera un crimen falsificar u ocultar un hecho material sobre una parte de una aeronave “con conocimiento de causa y con la intención de defraudar”, o hacer “cualquier tipo de representación materialmente fraudulenta” de una parte.
Esto puede ser aplicables a operaciones afuera de Estados Unidos siempre y cuando la empresa esté organizada conforme las leyes de este país: Boeing califica por ser una corporación de Delaware.
La ley sobre el fraude de partes de aeronaves acarrea duras sanciones, entre ellas una multa de diez millones de dólares por cada violación que cometa una empresa, así como una sentencia que podría consistir en cadena perpetua para individuos que hayan sido acusados, si la parte involucrada fue la “causa cercana” de una falla que dio como resultado la muerte de personas.
Una condena también podría dar lugar a un decomiso penal de “cualquier propiedad que se haya constituido, o haya derivado de, cualquier ingreso que obtenido por la persona, de forma directa o indirecta, como resultado del delito”.
Si hay evidencia de fraude y no solo de declaraciones falsas, el Departamento de Justicia también podría presentar un caso por fraude electrónico. Los procuradores utilizaron esa ley en contra de General Motors por la falla de interruptores de arranque en ciertos modelos que provocaron una serie de muertes, junto con un cargo conforme a la ley de declaraciones falsas.
Además, el fabricante de autopartes Takata se declaró culpable de un cargo por fraude electrónico por haber instalado infladores defectuosos en las bolsas de aire.
Los procuradores federales tienen varias opciones si hay evidencias de que Boeing suministró a propósito información falsa o engañosa a la FAA. La investigación sigue en una etapa preliminar, y no hay ninguna garantía de que vaya a haber un caso penal.
Para la empresa, cualquier tipo de investigación penal implica un riesgo porque incluso el indicio de una posible negligencia podría tener consecuencias significativas mientras intenta enfrentar los efectos colaterales que produjeron los accidentes de sus aeronaves más vendidas.
*livm
