Parteaguas legislativos en Estados Unidos

Una de las prerrogativas de la posición de Estados Unidos como potencia hegemónica es que sus procesos legislativos pueden tener, para bien o para mal, un impacto global. Así sucedió en 1930 con la Ley SmootHawley que detonó el regreso de todo el mundo al proteccionismo comercial o con la ley de Prácticas Corruptas en el Exterior de 1977, que puso freno al soborno como práctica legítima en la conducción de los negocios internacionales. Esta semana podríamos estar ante una serie de decisiones legislativas en EU con potencial semejante de constituir un punto de inflexión en los paradigmas, dinámicas y efectos del capitalismo contemporáneo.

Este martes el presidente Biden promulgó la ley de Chips y Ciencia, que contempla una inversión del orden de 280 mil millones de dólares en subsidios y exenciones fiscales para impulsar el desarrollo de industrias estratégicas y, muy particularmente para incentivar la producción de semiconductores en territorio estadunidense (para lo cual se destina la friolera de 52 mil millones de dólares).

Esta legislación, que fue justificada como una necesidad en el contexto de competencia tecnológica y geopolítica con China, contó con apoyo bipartidista, lo cual es bastante raro en el contexto de polarización y extremismo que caracteriza al Congreso estadunidense. Esta legislación puede constituir un parteaguas en la medida en que vuelve a normalizar la política industrial como una herramienta legítima en el corazón del capitalismo avanzado y, desde ahí, puede concretar su rehabilitación en el resto del mundo. No se trata, desde luego, de una novedad. Como ha sido ampliamente documentado y reseñado en este mismo espacio, la inversión de recursos públicos ha sido más bien una constante en el desarrollo tecnológico estadunidense, comenzando por la Internet e incluyendo industrias como la microelectrónica y la biotecnología, muchas veces vinculada a programas militares de investigación y desarrollo. Sin embargo, no deja de ser una reivindicación de la utilidad de esta política a contrario sensu del paradigma ideológico imperante en el ciclo previo.

El segundo acontecimiento legislativo de alto impacto es la aprobación del paquete que se ha dado en llamar Ley de Reducción de la Inflación. Con un valor estimado de 430 mil millones de dólares, esta legislación fue aprobada por la mayoría más estrecha posible en el Senado y se anticipa su aprobación definitiva este viernes en la Cámara de Representantes. Contempla un aumento a la recaudación y una serie de inversiones e incentivos fiscales para impulsar las energías limpias y negociaciones directas del gobierno con las farmacéuticas para disminuir los precios de los medicamentos. El efecto esperado sobre la inflación llegaría únicamente en el mediano plazo por medio de la reducción del déficit y la sustitución de combustibles fósiles.

El legado legislativo de Biden es uno de los más impresionantes para cualquier presidente estadunidense desde el fin de la Guerra Fría. Desde mediados de los noventa se había vuelto costumbre que los planes de gobierno se impusieran por medio de decretos y órdenes ejecutivas, lo que les permitía superar la oclusión en el Congreso, pero a costa de sospechas permanentes de ilegalidad y falta de continuidad en las políticas. Estos triunfos legislativos difícilmente servirán para apuntalar a los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre, pero sus efectos se sentirán por un buen tiempo, dentro y fuera de sus fronteras.

*Profesor de política y relaciones internacionales en el Tec de Monterrey