Relevancia de las reglas del juego

Tener instituciones sólidas es una de las condiciones necesarias para evolucionar a ser una economía desarrollada. Yo he argumentado mucho sobre la importancia de no debilitar a las instituciones en nuestro país. Me preocupa que está semana se aprobó en el Legislativo una reforma que rompe con los balances.

Una de las funciones más importantes de las instituciones es lograr un equilibrio entre los distintos grupos de interés en una sociedad.

Las instituciones protegen a los ciudadanos de la actuación del Estado, son un mecanismo para resolver controversias entre particulares, están encargadas de la seguridad pública y facilitan el proceso de rendición de cuentas, entre otras funciones.

Una de las instituciones de mayor relevancia es el Poder Judicial. Es el gran árbitro que resuelve controversias en un país. Para que un árbitro pueda hacer su labor es muy importante que sea neutral.

Otro factor relevante es que las reglas del juego sean adecuadas. Esto se refiere a que las leyes en su diseño estén basadas en principios claros y adecuados como la protección de los derechos de propiedad y evitar que el Estado se extralimite en su actuación frente a los particulares. 

Uno de los primeros documentos legales en los que se limita el actuar del Estado frente a los ciudadanos es la Carta Magna, en Inglaterra. En este documento se establece que nadie está por encima de la ley, incluido el rey.

Para asegurarse de que el rey no se exceda en el uso de sus facultades, se crea un Poder Judicial independiente. Su función original era la de ser un contrapeso al Estado y proteger a los ciudadanos.

La iniciativa que se aprobó por ambas cámaras esta semana no afecta de manera directa la independencia judicial, pero sí restringe de manera importante su capacidad de actuación.

Las nuevas reglas no les permitirán a los jueces otorgar protección a los ciudadanos y a las empresas ante ciertas acciones del Estado. Es decir, son cambios a las reglas que limitan la actuación del Poder Judicial en perjuicio de los particulares. 

Son tres grandes cambios. El primero es que se limita el otorgamiento de las suspensiones en dos supuestos. Lo que implica es que al presentar el amparo el juez no podrá decir que no aplica una regla o un acto de gobierno.

El momento en el que se podrá otorgar la suspensión es hasta que se resuelva el juicio. Este cambio vuelve no efectivo el amparo. No sirve de mucho que dos años después de iniciado un juicio me den la razón cuando el daño se hizo desde el comienzo.

El segundo es que eliminan la posibilidad de otorgar efectos generales a un amparo. Esto implica que el beneficio es únicamente para quien inicia el juicio y no para todos a quienes afecta. Este cambio vuelve costoso e inoperante, porque todos los afectados se tendrían que amparar.

El tercero es negarlo por perjuicio al interés social o que contravenga disposiciones de orden público. Con esta excepción, el gobierno puede justificar así sus actos de autoridad, sin haber un mecanismo de defensa.

Muy preocupante para los ciudadanos y para el sector privado lo que sucedió. Una ley que promueve reglas que rompen con los equilibrios y que crea condiciones para un Estado autoritario. Del lado económico seguramente tendrá consecuencias adversas.