Extorsión a telefónicas

Las compañías telefónicas y de telecomunicaciones lanzan un SOS. Las extorsionan en varios municipios del norte del país, y la podredumbre todavía es peor cuando todos los indicios parecen comprobar que son los mismos municipios (sí, las autoridades) coludidos con un despacho de abogados.

Juntos, municipio a través de un despacho de abogados, se la pasan cobrándoles a las compañías telefónicas con tal de reponerles sus fibras ópticas o servicios básicos como luz o agua, indispensables para funcionar.

El viernes pasado, tanto la Canieti como la Anatel, es decir la cámara y la asociación de telecomunicaciones, pidieron ayuda a todo mundo; a la PGR, al gobierno federal, a la SCT y al IFT, a los gobernadores, y claro al presidente saliente, Peña Nieto, y al entrante, López Obrador.

EXTORSIÓN A TELCEL, TELMEX, AT&T, TELEFÓNICA… A TODAS

A todas las compañías, por igual, las están extorsionando. A Telcel y Telmex, pero también a AT&T. A Telefónica. Y a la compañía de torres American Tower.

El crimen organizado junto con los municipios (para que veamos la podredumbre a la que han llegado algunos municipios), les están pidiendo entre 200 mil y 400 mil pesos para reponerles los servicios básicos, sean de agua, luz, o hasta de su propia fibra óptica.

La Canieti, presidida por Mario de la Cruz, así como la Anatel, de Gabriel Székely, piden la intervención rápida de las autoridades federales y estatales para resolver las extorsiones.

CRIMEN ORGANIZADO DE MUNICIPIOS EN NL, ZACATECAS, SONORA Y TAMAULIPAS

Los municipios donde se ha dado este modus operandi, de quitar agua, luz, fibra óptica o cualquier servicio a la empresa, y que al reportarlo al municipio, y que éste te envíe para negociar con un despacho de abogados son los siguientes: Cadereyta, Montemorelos, Allende, Sabinas Hidalgo, Villa Juárez, Santiago y Benito Juárez. Todo en Nuevo León (sí, en la tierra de El Bronco).

Pero la extorsión también se ha ido a Navojoa, en Sonora, sí ahí donde gobierna Claudia Pavlovich. O en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Río Grande, en Zacatecas, gobernado por Alejandro Tello.

Y Nuevo Laredo y Ciudad Madero, en Tamaulipas, gobernado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Qué puede hacer una compañía telefónica si le cortan la energía eléctrica? Nada, absolutamente nada.

La compañía acude al municipio, éste le pide que vaya con determinado despacho de abogados, y éstos la hacen cansada: que no se pagó determinado trámite, que no se tiene determinada licencia, que no cumplen con los requisitos. Señoras y señores, se trata de un robo en despoblado.

COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO, PRIORIDAD GUBERNAMENTAL

Sabemos que una de las principales exigencias de las empresas es el respeto al Estado de derecho. Así lo ponen los analistas consultados por el Banco de México, mes tras mes.

Y así lo ha dejado en claro el Consejo Coordinador Empresarial. Ahora le tocó el caso a las compañías telefónicas, las que en sentido común nos hablan de que hacen llegar servicios de telefonía e internet a los lugares más apartados, y que desde luego son bien recibidas. Pero no contaban con la enorme corrupción de unos municipios, que ahora se han convertido en delincuencia organizada al juntarse con supuestos despachos de abogados, que lo único que hacen es extorsionar a las compañías telefónicas.

En primer lugar, estos municipios están dirigidos por ladrones, no funcionarios públicos. Pero, en segundo lugar, hasta torpes: golpean a las empresas, ¿para qué? Para que dejen los municipios, lo cual suena absurdo: si las empresas dejan las localidades, claro que pierden ingresos y mercados, pero los que más pierden son los municipios.

Se van fuentes de trabajo, empleo, inversión, y en este caso, empresas que comunican a toda la localidad. En lo dicho, el principal combate que tendrá que realizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador junto con quien será su secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, será el combate a estas extorsiones que si bien son municipales, sí pueden contar con la preocupación y acción federal y estatal.