Ley minera fast track da al Estado exclusividad en exploración

La 4T fue flexible, pero no tanto en la Ley Minera. El tema más apremiante para el sector privado era la duración de las concesiones. Y ahí, la iniciativa enviada por el presidente López Obrador sí cambió, se modificó para no reducir las concesiones de manera abrupta. En el primer borrador de la iniciativa, la reducción en los años concesionados bajaba de 50 hasta 15 años. En la iniciativa final, que fue aprobada sin pasar por comisiones, la concesión durará 30 años, con posibilidades de estarla renovando cada 15 años hasta llegar a los 80 años de concesión.

El problema viene en todo lo demás de la ley, que no deja contentos ni a los industriales del sector de minería y, es más, tampoco deja contentos a los activistas.

Prisa legislativa sin guardar formas

Por alguna razón poderosa el presidente López Obrador decidió meterse al sector de la minería. No está mal. Un primer acercamiento del interés presidencial puede ser porque ahí están tres de los hombres más ricos del país: Germán Larrea es propietario de Grupo México, con gran actividad en el cobre, Alejandro Baillères es dueño de Grupo Peñoles, y Carlos Slim participa en la minería con Frisco.

Como sea, cualquier sector debe estar abierto al diálogo y a mejoras regulatorias. Lo malo aquí fue la prisa. Se metió una iniciativa que los diputados de Morena ni conocieron, la pasaron el mismo día sin comisiones, y la aprobaron en el pleno. Fatal. No mantuvo un proceso legislativo normal, con tiempos de negociación, de debate de ideas, de propuestas.

Lo mejor hubiera sido tener un parlamento abierto para un sector tan importante. En cambio, lo que estamos viendo es un desaseo legislativo por parte de Morena.

Exclusividad al Servicio Geológico…
sin presupuesto

La iniciativa, desde luego, trae cosas positivas, como tratar de enmendar la falta de responsabilidad de la actividad minera en problemas ambientales o con las comunidades. Sin embargo, ahí es donde se pueden encontrar temas de discrecionalidad. Que si la concesión de agua sólo dependerá de un permiso, que en el manejo de residuos no hay claridad y te podrían quitar la concesión, que si desapareció el fondo minero y se reduce a 5% para las comunidades indígenas.

Pero el peor de todos los problemas viene en la exclusividad de la exploración. Sólo el Servicio Geológico Mexicano, perteneciente al gobierno, podrá explorar.

Entonces, si una empresa privada ve posibilidades de exploración, desde luego no la va a realizar, porque no cuenta con ninguna certeza de llevarse la concesión.

La exploración en la minería es cara, muy cara. Hablamos de cientos de millones de dólares. ¿Y usted cree que, de verdad, el Servicio Geológico Mexicano invertirá cientos de millones de dólares en exploración? Claro que no. El riesgo es que la actividad minera se caiga.

Total, es una Ley Minera que no deja contentos a empresarios, pero tampoco a activistas que ven disminuido, por ejemplo, el avance a favor de las comunidades. Pero la 4T la ha querido pasar en fast track, en lugar de tener un diagnóstico, no ideológico, sino realista y con compromisos de todos.

Las Leyes de Aviación, con Sedena Airlines

Las Leyes de Aviación Civil y Aeropuertos fue aprobada por la Cámara de Diputados. Lo positivo de la ley es que deja atrás el cabotaje, que traía de cabeza a toda la aviación. Otro aspecto positivo: le da autonomía y facilidades presupuestales a la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, que de plano no ha dado una y ya llevamos dos años sin Categoría 1 y sin poder tener más vuelos a Estados Unidos.

Lo malo de la nueva ley es que se aprobó con la Secretaría de la Defensa siendo un actor comercial más, con aerolíneas y con aeropuertos. Fue la propia Comisión Federal de Competencia Económica la que advirtió que ello es competencia desleal, porque al ser la Secretaría de la Defensa dueña de aeropuertos va a privilegiar a su aerolínea frente a las demás. Más allá de que la misión de la Sedena no debería ser estar en la aviación comercial.