Piden equilibrio en iniciativa laboral para Rappi, Uber...; IFT, la controversia a AMLO, hay listas de candidatas

Viene una iniciativa laboral para los repartidores de las plataformas a domicilio, ya sabe, para quienes van en sus motocicletas o bicicletas repartiendo Rappi, Uber, Diddi o Beat. La iniciativa la está horneando la Secretaría de Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, y se quiere entregar en el próximo periodo de sesiones. Las plataformas de comida rápida están de acuerdo en la necesidad de una reforma a la Ley General del Trabajo, donde se reconozca y regule la relación laboral entre Rappi, Uber, Didi y Beat, entre otras, con los repartidores y conductores. Las empresas están a favor de otorgar prestaciones y seguridad social a los trabajadores para sacarlos de la informalidad. Pero piden equilibrio.

Prestaciones, pero con equilibrio

El gran problema de formalizar las relaciones laborales en México es que a veces son costosas y pocas empresas las formalizan: hoy, 55% de los trabajadores en México son informales. Las plataformas de entrega a domicilio piden encontrar un equilibrio entre ofrecer formalidad y prestaciones a los trabajadores, pero, a la vez, no afectar de manera fuerte las finanzas de sus empresas. Estas plataformas, desde su llegada a México, y según un estudio del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, han aportado a la economía nacional. Por ejemplo, la llegada de la primera plataforma de reparto en 2012 provocó que el ingreso medio mensual de los repartidores creciera en 117% comparado con el crecimiento de sólo 25% del resto de la economía. También ha crecido en 150% el número de personas que se autoemplean para ampliar sus ingresos familiares o las plataformas cuando llegaron, en lugar de extraerle rentas al consumidor final o al comercio. Al contrario, crearon valor. Han provocado un crecimiento de entre 28% y 33% en la participación relativa de los restaurantes en la generación de riqueza del país para el periodo 2013-2020.

Las plataformas digitales de entrega a domicilio no son el enemigo a vencer. Más bien pueden ser aliados en permitir la formalización de los repartidores y conductores, y piden un razonable equilibrio en la próxima iniciativa laboral. Así, todos ganarían: el gobierno formalizaría empleos, el trabajador tendrá prestaciones sociales y las empresas mantendrían su crecimiento y podrían generar más empleos.

IFT opera sólo con cuatro comisionados

El Instituto Federal de Telecomunicaciones hace bien. Su pleno aprobó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Y todo porque el gobierno del presidente López Obrador no ha propuesto en el Senado a las candidatas a comisionadas del IFT.

Hoy, el IFT sólo opera con cuatro comisionados: Javier Juárez Mojica (presidente), Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho. Le faltan tres comisionadas. Pero el Presidente no ha enviado sus propuestas y no ha sustituido las salidas de Gabriel Contreras, quien fuera presidente del IFT; del comisionado Mario Fromow y, recientemente, tampoco ha suplido la salida de Adolfo Cuevas, también expresidente. Por ser órgano autónomo constitucional, la Carta Magna obliga al Ejecutivo a enviar sus propuestas de comisionadas (deben ser comisionadas por paridad de género). La lista de candidatas para enviarse al Senado está armada desde hace años (textual). El Comité de Evaluación, conformado por el Banxico y el Inegi, han propuesto listas donde encontramos desde Carolina Cabello, Laura Elizabeth González, Gabriela Gutiérrez, Jrisy Esther Motis, Lorely Ochoa, así como Clara Luz Álvarez y Sayuri Adriana Koike. El IFT tiene razón en preocuparse porque, de seguir así, se quedará sin que pueda operar su pleno y el instituto que ha funcionado para abrir la telefonía, televisión, radio y bajar los precios de las telecomunicaciones.

*La columna Activo Empresarial toma unos días de descanso. Regresamos el lunes 29 de agosto.