Acuerdo de outsourcing dividió al CCE

Definitivamente, el acuerdo firmado ayer por la mayoría de los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Carlos Salazar, tiene sus bemoles. Desde luego es una buena noticia que no se haya aprobado en los términos enviados a la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador porque se pretendía prohibir todo el outsourcing.

Sin embargo, la espada de Damocles sigue en el aire para el sector privado porque en el propio acuerdo que, algunos recordaron los que se firmaban en los otrora pactos en los 80, se reconoce que no hubo acuerdo sobre un tema básico para el sector privado que es modificar el reparto de utilidades que se considera un impuesto muy elevado que implica mayores costos laborales, y es una de las razones principales por las que las empresas recurren a la subcontratación ya sea a través de outsourcing o de insourcing.

Desde luego se demostró que el Poder Legislativo está totalmente supeditado —por la mayoría de Morena— a lo que diga el presidente López Obrador, porque las negociaciones con el CCE, que encabezaron Salazar y el presidente de Concamin, Francisco Cervantes y de la Concanaco, Manuel López Campos, se realizaron en Palacio Nacional sin tomar en cuenta ni a diputados ni a senadores. En febrero cuando se reanude la discusión los legisladores se quedarán también fuera de las negociaciones que realicen los dirigentes empresariales con los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera; del Trabajo, Luisa María Alcalde, y Tatiana Clouthier, como secretaria de Economía.

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 CANACINTRA, CNA Y COPARMEX EN CONTRA

Lo que sorprendió es la división pública al interior del CCE que no se había registrado en décadas porque los dirigentes empresariales suelen votar a favor de los acuerdos y no hacer públicas sus diferencias.

Sin embargo, ayer la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos; Canacintra, que encabeza Enoch Castellanos, y el Consejo Nacional Agropecuario, presidido por Bosco de la Vega, publicaron un comunicado conjunto en el que rechazaron el acuerdo con el Ejecutivo sobre subcontratación.

Aseguran que se coartará la libertad de subcontratación, se dañará la competitividad de México, y cerrarán miles de pymes con la consecuente pérdida de empleos.

Consideran que el acuerdo mantiene la idea de prohibir la subcontratación restringiéndola a servicios especializados y se estigmatiza a los empresarios porque no cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.

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SE REFLEJARÁ EN DATOS DE EMPLEO DE DICIEMBRE

La manzana de la discordia es el compromiso por parte de la mayoría de los organismos empresariales que firmaron el acuerdo a no continuar con la práctica que hoy sí es legal, de contratar a través de insourcing a trabajadores que son despedidos en diciembre y recontratados en enero para no pagarles PTU.

La gran duda es cuántos de los cientos de miles de trabajadores contratados anualmente bajo este esquema serán recontratados con todas las prestaciones.

No hay que esperar mucho para saberlo, porque como bien señala Zoé Robledo, en diciembre siempre cae el empleo. En diciembre de 2019 se perdieron 382,210 la mayor caída en una década y López Obrador no quiere que se repita este año porque su compromiso —que no logrará— es que en marzo se hayan recuperado los empleos perdidos en la pandemia.