Carlos Salazar, diálogo vs. enfrentamiento

Se había especulado mucho si Carlos Salazar sería o no ratificado para un tercer y último periodo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y si tendría o no el consenso de los 12 organismos que tienen facultad de voto en el CCE, pero ayer, desde muy temprana hora, se informó su ratificación.

Incluso se mencionaba con fuerza a los dos posibles sucesores de Salazar Lomelín: Bosco de la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, quien, desde que terminó su periodo se autodescartó y Francisco Cervantes, presidente de Concamín, quien sí tenía interés de contender y probablemente lo intentará en 2022.

Se ha cuestionado a Salazar Lomelin porque el CCE no ha asumido una actitud de enfrentamiento directo con el gobierno y ha privilegiado siempre el diálogo con el presidente López Obrador, sobre todo en su primer periodo al frente del CCE, desde su toma de posesión en la que ofreció el apoyo del sector privado para alcanzar la meta de gubernamental de crecer 5 por ciento anual; hasta la firma de uno, sino de varios acuerdos para el crecimiento económico y proyectos de infraestructura que, desde luego, en la práctica no se han cumplido y no sólo por la pandemia de covid-19, que tiró la economía, sino por reformas legales que han frenado la inversión privada por la incertidumbre jurídica que generan los cambios de reglas.

RESULTADOS MIXTOS

Salazar Lomelín ha defendido siempre su política de privilegiar el diálogo en lugar de pelearse con el Ejecutivo, porque efectivamente la prioridad de los empresarios es que el país crezca y, junto con Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Inversiones, ha acudido muchas veces a negociar con López Obrador lo que no es nada fácil ante su necedad o perseverancia como él prefiere definirla.

Hay que reconocer también que el CCE sí ha fijado claramente su postura en contra de las reformas que más preocupan al sector como son la Ley de Outsourcing, y las reformas a la Ley Eléctrica, ya promulgada y frenada en su aplicación por los amparos presentados, y la Ley de Hidrocarburos, aprobada en fast track en la Cámara de Diputados como también lo será en el Senado.

Aunque no lograron que se “modificara ni una coma” en las leyes eléctrica y de hidrocarburos, en el caso del outsourcing —y no fue nada fáci— sí se llegó a un acuerdo tripartito con el gobierno y el sector obrero, aunque la nueva ley incrementará el costo laboral, al igual que las reformas en pensiones y de teletrabajo.

REFORMA FISCAL

Una de las razones por las cuales las grandes empresas que llevan la voz cantante en el CCE impulsaron con fuerza el nuevo periodo de Salazar Lomelín es la

otra amenaza para el sector privado que es la reforma fiscal, que cocina ya el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Es un hecho que la prioridad para el gobierno es incrementar los ingresos públicos en 2022 ante las bajas expectativas del PIB, que están en promedio en 3 por ciento. Lo que busca el sector privado es que la reforma no se base en nuevos impuestos y cargas tributarias para las empresas, sino en un combate más eficiente a la informalidad, que es uno de los lastres de la economía.