Moody’s: demoledoras razones para bajar la calificación

El anuncio de Moody’s de bajar la calificación crediticia de México cayó como un balde de agua fría en Palacio Nacional, después de que el presidente López Obrador festejó que Standard & Poor’s cambió la perspectiva de negativa a estable, lo que no sólo se debió al manejo de las finanzas públicas, sino que gracias a la integración del Congreso –es decir, a los partidos de oposición– no se anticipa que se aprueben iniciativas constitucionales que presionen el entorno de los negocios.

La Secretaría de Hacienda, que fue la primera en difundir la decisión de S&P, trató de minimizar la baja en la calificación, resaltando que elevó la perspectiva de negativa a estable, que conservamos el grado de inversión y que se anticipa que prevalecerá un manejo macroeconómico estable del gobierno en los próximos dos años.

Sin embargo, lo que debería preocupar al gobierno son las razones de Moody’s para bajarnos la calificación. Señala que la estructura del gasto se ha vuelto más inflexible y se han reducido los colchones financieros del gobierno, mientras que los apoyos a Pemex se mantendrán entre 1.0 y 1.5% del PIB anual. A ello hay que añadir las presiones por las pensiones que tendrán sobre el gasto en los próximos años y la mayor carga de la deuda por el alza en tasas de interés y el menor crecimiento económico.

Moody’s reconoce que la prudente gestión macroeconómica ha respaldado la calificación de México, pero sostiene que el marco institucional se ha debilitado por la restricción a la independencia de entidades regulatorias.

Sobre las perspectivas de nearshoring que tanto promueve Hacienda, Moody’s no cree que mejore la dinámica de la inversión en los próximos años, porque la mayor incertidumbre regulatoria ha afectado el entorno corporativo por políticas, como la descartada propuesta de reforma energética.

Estos argumentos serán explicados hoy por Renzo Merino, analista principal de Moody’s para el gobierno mexicano.

ZALDÍVAR: COMBATE AL FEMINICIDIO

El Premio Naranja Dulce de la semana es para el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, porque presentó su propuesta de una nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el feminicidio.

Zaldívar presentó su propuesta de ley ante la Comisión Permanente que, entre otras ventajas, busca homologar a nivel nacional el delito de feminicidio y la creación de un protocolo de investigación de feminicidios y delitos vinculados a éste, así como medidas de reparación integral y prevención.

En verdad, muy bien que el presidente de la SCJN sea uno de los principales voceros en la lucha contra el feminicidio.

CLOUTHIER: OÍDOS SORDOS

El Premio Limón Agrio es para Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, quien aseguró en su cuenta de Twitter que regresaron muy “content@s” de su reunión con sus contrapartes Mary Ng, de Canadá, y Katherine Tai, de Estados Unidos. Lo que no mencionó es que ambas expresaron su preocupación por el clima adverso a las inversiones en México. Ng se refirió a los sectores de energía y minería, mientras que el USTR aseguró que las políticas energéticas en México continúan “amenazando la inversión de Estados Unidos y dañan los esfuerzos de México para combatir el cambio climático”.

Añadió la necesidad de prácticas regulatorias transparentes en temas como la aprobación de productos biotecnológicos y la necesidad de que las empresas de pagos eléctricos puedan participar ampliamente en el mercado mexicano.