Outsourcing: insisten empresarios en una prórroga

El próximo 23 de julio, es decir, en menos de un mes, termina el plazo de 90 días para que las empresas cumplan con inscribirse en el nuevo padrón o registro de empresas de servicios especializados en la STPS, y a partir de agosto iniciarán las sanciones a las empresas que no cumplan.

Lo que demandan las empresas es una prórroga, pues se han registrado muchos problemas para que las empresas que tenían a sus trabajadores bajo el esquema de insourcing cumplan con el cambio de patrón y registro de sus trabajadores.

De hecho, el IMSS, que dirige Zoé Robledo, inició ya reuniones con cámaras empresariales para agilizar los trámites para el cambio de patrón con medidas de simplificación, como no tener que realizar transmisión de bienes entre empresas y sólo manifestar en el cambio de patrón que se reconocen derechos laborales y de migración de los trabajadores.

Pero de los más de dos millones de trabajadores que estaban bajo insourcing, sólo se ha realizado el cambio de patrón en el caso de 800 mil trabajadores.

Juan Carlos de la Vega, socio director de Santamarina y Steta, explica que los problemas incluyen la falta de claridad sobre cuáles son las empresas que sí deben registrarse en el nuevo padrón —porque varían las condiciones en cada sector, como construcción, call centers, empresas de mantenimiento y proveedoras—.

Un problema adicional es que, como los plazos de cumplimiento se establecieron en la ley, no pueden ser modificados por la STPS. Una molestia más del sector privado es la inequidad, porque en el caso del gobierno el plazo no es de 90 días, sino de un año.

De la Vega dice que en la gran mayoría de los amparos que se han presentado no se imputa el fondo de la reforma, sino el trato inequitativo y discriminatorio entre el sector público y el privado.

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TIANGUIS DEL BIENESTAR

El Premio Limón Agrio es para el presidente López Obrador, por su propuesta de presentar una reforma administrativa para crear los Tianguis del Bienestar, para comercializar y distribuir entre las clases marginadas productos decomisados como zapatos, juguetes, tela, y ropa, los cuales tienen que ser destruidos, pues su venta o distribución violaría la ley de Protección Industrial, ya que se trata de productos o de marcas piratas o que ingresaron al país de contrabando.

Aunque hasta ahora sólo es una más de las ocurrencias mañaneras, sí generó ya una gran preocupación en el sector privado, pues violaría varias normas y tratados internacionales y fomentaría una mayor piratería y contrabando.

Ojalá Juan Lozano, director general del IMPI, le explique, tanto a López Obrador como a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, la gravedad que tendría continuar con esta absurda propuesta de los Tianguis del Bienestar.

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FONACOT, BONO DE GÉNERO

El Premio Naranja Dulce es para el director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, por la colocación en BIVA del primer bono de género.

Fue por mil 500 millones de pesos, los cuales se destinarán a créditos para mujeres trabajadoras, para fortalecer el programa Crédito Mujer Efectivo, a tasas menores a las del mercado: de 8.9% para los créditos a seis meses, hasta 16.3% en los plazos de 12 hasta 30 meses.