Reforma de pensiones, 10 dudas

Finalmente, con la aplastante mayoría de Morena y partidos aliados, y las férreas críticas de los partidos de oposición, se aprobó en el Senado la reforma que creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar y que tendrá como capital semilla las cuentas inactivas de adultos mayores de 70 años que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de 75 años en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los partidos de oposición presentarán, en cuanto sea promulgada, seguramente el próximo 1 de mayo, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confían ganar.

La reforma plantea múltiples dudas. La primera es que, a pesar de que Morena y aliados aseguran que no es un robo ni una expropiación de los ahorros de los más de dos millones de cuentas inactivas de trabajadores de más de 70 años porque los recursos, dicen, estarán a disposición de los trabajadores o de sus beneficiarios en caso de fallecimiento cuando lo soliciten. Sin embargo, la reforma no establece un mecanismo claro para recuperar su ahorro, porque los recursos ingresarán al nuevo fondo que manejará el Banco de México y no se define ante qué organismo se tendrán que realizar los trámites.

La segunda duda es cómo operará el nuevo fondo, que, evidentemente, no tiene todavía ninguna regla de operación, aunque sí es positivo que lo maneje el Banco de México y no un organismo o dependencia pública, como la Secretaría de Bienestar, que es muy ineficiente en el manejo de los programas sociales.

La tercera duda es cuánto costará el objetivo de garantizar la jubilación al 100% de los trabajadores que ganen menos de 18,000 pesos mensuales, que es el promedio de los afiliados al IMSS, porque la ley no establece este objetivo, que es, además, imposible de garantizar y menos con sólo 40,000 millones de pesos, porque otra duda —la cuarta— es cuánto costaría financiar la jubilación de los 45 millones de trabajadores que ganan menos de 18,000 pesos, porque no hay estudios actuariales.

La quinta duda es qué pasará con los recursos, si realmente la SCJN reconoce que es inconstitucional la reforma. ¿Regresarán a cada afore? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué reglas?

La sexta duda es cómo se pretenden fondear las pensiones al 100%, porque la propuesta de López Obrador de que se utilicen las utilidades de Mexicana de Aviación o del Tren Maya es un absurdo, porque requerirán de subsidios quizá permanentes para su operación. ¿Cuando se acaben los 40,000 millones de pesos recurrirán a las cuentas inactivas de trabajadores de más de 65 años?

La séptima duda es qué rendimiento pagará el nuevo Fondo a los trabajadores, porque en las afores sí hay una claridad sobre su cartera de inversión y rendimientos.

La octava duda es por qué, efectivamente, las afores no canalizan al IMSS, como están o estaban obligadas, los recursos de las cuentas que tienen más de 10 años inactivas. Zoé Robledo denunció que el IMSS ha recibido menos de 1,000 mdp, lo que no queda claro es de quién es la culpa.

Y —la novena duda— por qué la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), que primero criticó y luego defendió la reforma, no se defiende de las acusaciones que ha recibido en la mañanera y en el Congreso de la Unión.

Y, finalmente —la décima duda—, por qué ni el gobierno ni las afores hicieron una intensa campaña de promoción antes de que se aprobara esta aberrante iniciativa que pretende financiar la jubilación de los trabajadores con el ahorro privado y que, desde luego, genera incertidumbre.