Reforma minera, ¿por qué la prisa?

Muchas dudas en torno a la nueva iniciativa de reforma a la Ley Minera que se aprobó en fast track el jueves en la noche en la Cámara de Diputados por la mayoría del grupo parlamentario de Morena y sus aliados, sin ser dictaminada en Comisiones y sin que ningún legislador la conociera, lo que es una violación al proceso legislativo.

La primera duda es ¿por qué la urgencia de su aprobación después de que, tanto el presidente López Obrador como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habían aceptado que se analizaría y discutiría hasta el próximo periodo ordinario, que inicia en septiembre?

Se pretende ahora que se apruebe también en fast track esta semana en el Senado, aunque legisladores de oposición, como el panista José Erandi Bermúdez, miembro de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, se pronunció a favor de que se realice un parlamento abierto en el que participen los empresarios mineros y expertos del sector y que no se presente en el pleno sin haber sido discutida en comisiones.

El presidente de la Cámara de la Industria Minera, Jaime Gutiérrez, reconoció que el jueves, en reunión con la Jucopo en la Cámara de Diputados, conocieron la iniciativa y, aunque sí consideran un avance que el plazo de las concesiones sea de 30 años, con posibilidad de ampliarse a 80, reconoce que el mayor problema es la discrecionalidad con que se autorizarán las concesiones y el hecho de que sólo el gobierno, a través del Servicio Geológico Mexicano, pueda realizar la exploración de todos los minerales genera una gran incertidumbre en nuevas inversiones y, además, este organismo no tiene ni los recursos ni el personal capacitado para la exploración.

Precisó que Camimex no ha dado el aval a esta reforma y, aunque reconoce la apertura al diálogo con las autoridades, tendrán que analizar la iniciativa en el Consejo.

Por su parte, la Concamin, que preside José Abugaber, reconoció que se han abierto espacios de diálogo con las autoridades que piden que continúen y se fortalezcan en el Senado, pero advirtió sobre “algunos riesgos críticos” para la industria en México.

Suprema Corte, en defensa de la constitución

El premio Naranja Dulce de la semana es para los ocho ministros de la SCJN que, a pesar de las presiones de López Obrador, quien diario despotrica contra ellos, declararon inconstitucional que la Guardia Nacional esté bajo control de Sedena: Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynes, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán.

En este fallo histórico, los ministros señalan que se violentaba el artículo 21, al distorsionar el carácter civil de la Guardia Nacional, y el artículo 13, al expandir la jurisdicción militar a servidores que deben ser civiles.

Yasmín Esquivel, nuevo amparo contra la UNAM

El Premio Limón Agrio es, evidentemente, para Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, los tres ministros que votaron a favor de que la Guardia Nacional siguiera bajo mandato de Sedena con argumentos hasta ridículos, como los de Zaldívar.

Triple tache para Yasmín Esquivel, quien promovió un nuevo recurso para impedir que la UNAM informe la decisión del Comité Universitario de Ética sobre el plagio de su tesis. En verdad lamentable que la ministra siga amordazando jurídicamente a la UNAM para aplazar el reconocimiento del plagio y las sanciones que aplicará el comité.