Reforma a pensiones, preocupa a afores

A tres meses del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien lógicamente tiene como prioridad la elaboración del presupuesto de 2019, no tiene ninguna prisa en anunciar quienes estarán al frente de los bancos de desarrollo ni tampoco quienes encabezarán a las autoridades financieras: Consar, Condusef, CNBV y CNSF.

En el caso particular de la Amafore, que preside Carlos Noriega, todo indica que realizarán su 3ª Convención el próximo 8 y 9 de octubre sin que se haya definido quién será el sucesor de Carlos Ramírez al frente de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ni muchos menos qué reforma se realizará al esquema de pensiones.

Urzúa tiene muy claro que sí se requiere una reforma, pero que no se realizará en el primer año de gobierno. La meta es, por un lado, la cobertura universal para todos los mexicanos y desde 2019 iniciará con duplicar la pensión a adultos mayores y a las personas con discapacidades diferentes. Y por el otro lado, lo que se busca es elevar la pensión de los trabajadores en activo, porque dentro de 15 años cuando comiencen a jubilarse los primeros trabajadores que aportan a cuentas individuales tras la reforma de 1997, las pensiones no cubrirán en promedio más que 30% de su último sueldo, lo que implica que será insuficiente y se generarán severas presiones sociales.

Cambiar régimen de inversión

Dos son las preocupaciones centrales del sector privado sobre una reforma al sistema de pensiones. La principal es que se se pretenda modificar el esquema de régimen de inversión de las afores para destinar con una especie de cajones obligatorios un porcentaje de la cartera en proyectos de infraestructura como podría ser el Tren Maya.

Al cierre de junio de este año, los recursos acumulados en las 10 afores del país ascienden a 3.3 billones con un crecimiento de 74% en el sexenio.

Cierto que las afores ya son las principales inversionistas en grandes obras de infraestructura, como es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el que Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI Banorte invirtieron 13,500 millones de pesos en la emisión del Fibra E.

Sin embargo hoy son las afores las que deciden en dónde invertir y para cambiar el régimen de inversión no se requiere ni siquiera un cambio legal, sino un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Consar en el que participan no sólo el gobierno federal, sino el empresarial y el laboral.

Actualmente la Consar fija montos máximos de inversión para las siefores y bastaría con cambiar a establecer montos mínimos, lo que obligaría a todas las siefores a tener parte de su cartera invertida en los proyectos, sectores o instrumentos gubernamentales que más le interesen a López Obrador.

También se podría modificar el régimen para limitar la inversión en el extranjero con reglas que en la práctica la compliquen.

AHORRO OBLIGATORIO

Otra preocupación del sector privado es el esquema que utilizará el nuevo gobierno para incrementar el ahorro obligatorio y voluntario de los trabajadores. La aportación actual es la más baja entre los países de la OCDE de sólo 6% del salario y lo que se teme es que se pretenda elevar la aportación con una mayor cuota por parte de los patrones, para no afectar el ingreso de los trabajadores aun bajo un esquema de incrementos anuales de 1%.

La Consar y la Amafore han insistido en diversas ocasiones sobre la necesidad de aumentar el ahorro voluntario, pero realmente lo urgente es elevar las cuotas obrero-patronales en un contexto ya de por sí complicado porque a partir de diciembre se elevará el salario mínimo a 108 pesos y habrá mayores costos laborales para las empresas.

BANXICO: MALAS NOTICIAS

Tal y como se anticipaba, el Banco de México, que preside Alejandro Díaz de León, ajustó a la baja la expectativa de crecimiento del PIB, que en lugar de estar en el rango alto de 2% a 3%, ahora está entre 2% a 2.6% para este año y entre 1.8% a 2.8% en 2019. En cuanto a inflación, retrasó un año la fecha para llegar a la meta objetivo de 3% a 4% que no se alcanzará en el primer semestre de 2019.