Sin acuerdo aún entre STPS y plataformas digitales

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es la más interesada en llegar a un acuerdo con Uber, Didi y Rappi para otorgar seguridad social y médica a los más de 500 mil choferes y repartidores de estas plataformas que siguen en crecimiento.

La intención de Alcalde es enviar la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo en este periodo ordinario y, aunque las plataformas están de acuerdo en que se deben otorgar seguridad social y médica a choferes y repartidores, la discusión de fondo, no sólo en México, sino a nivel mundial, es si se les debe considerar o no como trabajadores, porque en la ley no hay una figura de trabajador independiente ni mucho menos las obligaciones de los empleadores, y la afiliación voluntaria al IMSS es cada vez más costosa.

Hay varios problemas que resaltan las plataformas: en el caso de los choferes, hay quienes sí son dueños de su automóvil e incluso están dados de alta tanto en Uber como Didi y no quieren trabajar en una sola plataforma, sino hacerlo cuando deseen, en el horario que más les acomode y algunos sólo trabajan en ciertas zonas de la ciudad. Un ejemplo claro es que muchos choferes, tanto de Didi como de Uber, se niegan a ir al AIFA, lo que ha elevado el costo para los usuarios cuando sí consiguen un chofer dispuesto a tomar el servicio.

Hay también choferes que no son dueños del automóvil, sino que trabajan para otra persona, que es su patrón o empleador, y que puede incluso tener más de dos autos en las plataformas. El problema es que muchas de estas personas no quieren asumir la responsabilidad legal como patrón de sus choferes y prefieren darlos de baja si se les obliga a convertirse formalmente como patrones.

PIDEN MÁS FLEXIBILIDAD AL IMSS

El argumento central de las plataformas es que los choferes no son sus empleados, sino “socios” o trabajadores independientes porque son ellos los que prestan el servicio al usuario, pero, sin lugar a dudas, los más vulnerables son los choferes que no son dueños del auto que manejan, y los repartidores, muchos de los cuales tampoco son dueños de la motocicleta que conducen.

En América Latina, Chile es el único país que ya modificó su ley para permitir trabajadores dependientes e independientes en teletrabajo y trabajo a distancia, pero en México se pretende hacer obligatoria la incorporación al esquema integral para trabajadores independientes que se puso en marcha, sin éxito, en un programa piloto en octubre pasado.

El problema radica en su elevado costo, porque un trabajador que percibe un ingreso mínimo mensual de 6,428 pesos debe pagar al IMSS 1,728.96 pesos mensuales, es decir, más del 25% de su ingreso, y el monto aumenta conforme suban sus ingresos.

¿Y LA COBERTURA UNIVERSAL?

Lo que se pretende es que no sean los choferes y repartidores quienes paguen estas cuotas, sino las plataformas digitales, que argumentan que se verían afectadas en su esquema de negocios y rentabilidad, afectando a sus “socios” en sus ingresos, aunque hoy ellos no participan de las utilidades de estas empresas.

La duda es por qué si se presume la cobertura universal con IMSS Bienestar, no se aprueba un esquema menos oneroso, tanto para las plataformas digitales como para los trabajadores domésticos, para que tengan plena cobertura médica.