Espionaje normalizado

Normalizar el espionaje por parte de los gobiernos a sus ciudadanos, ya sean adversarios políticos, periodistas, luchadores sociales, entre muchos otros, es algo que no debería ocurrir sin castigo, y aquel que lo realiza desde una posición privilegiada deberá ser severamente sancionado penalmente.

En decenas de países ocurre, como el caso reciente de Argentina (donde el funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos de esa nación, Néstor Fabián Conu Rodríguez, supuestamente ordenó a un policía retirado espiar a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en octubre de 2022) y ahora México (donde un reportaje de The New York Times muestra que la Fiscalía general indicó a la mayor empresa de telecomunicaciones del país que entregara registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados), sin que se haga nada al respecto o se deje pasar como “algo normal que ocurre”.

En este espacio hemos hablado de cómo se usan las herramientas tecnológicas de espionaje en México como son Pegasus, de la israelí NSO Group; IOTT Tangles, de otra israelí, Cobweb Technologies, y hasta el software de Cellebrite, muy usado por cierto por las autoridades de Campeche (¿se acuerdan de las llamadas filtradas en el programa Martes del Jaguar?).

Según el derecho internacional, el acto de espionaje describe un acto de recopilación de información que es clandestino o se lleva a cabo con falsos pretextos (API Art. 46).

El derecho internacional humanitario distingue entre actividades de inteligencia y espionaje. Las actividades de inteligencia describen la recopilación de información realizada por miembros de las fuerzas armadas uniformados, con el fin de evaluar la situación y determinar las opciones abiertas al oponente. Sin embargo, cuando un gobierno lo hace sin que de por medio haya una investigación judicial o, como ocurre en Estados Unidos, se haga una investigación bajo el alegato de terrorismo, es espionaje y merece un castigo penal.

La Electronic Frontier Foundation ha señalado que en Estados Unidos, el gobierno, con la ayuda de los principales operadores de telecomunicaciones, incluido AT&T, ha participado en una vigilancia masiva e ilegal de las comunicaciones nacionales y los registros de comunicaciones de millones de estadunidenses comunes y corrientes desde, al menos, 2001. Desde que la prensa informó por primera vez sobre esto y lo descubrió y lo publicó a finales de 2005, la EFF ha estado a la vanguardia del esfuerzo para detenerlo y volver a colocar los programas de vigilancia gubernamentales dentro de la ley y la Constitución, cosa que no ha ocurrido totalmente. Durante mucho tiempo, la vigilancia gubernamental a gran escala fue un sello distintivo del autoritarismo. Los estados conocidos por sus amplios sistemas de vigilancia incluyen la República Popular China, Rusia y Corea del Norte. Sin embargo, en las últimas décadas, las democracias liberales establecidas han estado cada vez más dispuestas a monitorear a sus ciudadanos a escala masiva.

Edward Snowden descubrió un notorio programa de vigilancia dirigido por una alianza de democracias. El actual aumento de la vigilancia gubernamental a gran escala es ampliamente visto con gran preocupación, si no directamente con horror. Los críticos temen el surgimiento de estados de vigilancia orwellianos y celebran a Edward Snowden como un modelo de desobediencia civil.

Gran parte de las críticas a la vigilancia gubernamental han girado en torno a la privacidad, su significado y valor, y cómo se ve afectada por la vigilancia gubernamental. Esto ha erosionado la privacidad e incrementado la desconfianza y sentimientos de vulnerabilidad de los ciudadanos, como una fuente potencial de discriminación y dominación injusta, y como una amenaza a la democracia y la integridad de la esfera pública, por nombrar algunos.

Los recientes avances tecnológicos han hecho que la vigilancia gubernamental a gran escala no sólo sea factible y barata, sino también, en cierto sentido, menos intrusiva. La vigilancia gubernamental moderna depende cada vez más de la tecnología en lugar de espías e informantes humanos. Las prácticas de vigilancia incluyen, por ejemplo, la vigilancia de espacios públicos con cámaras CCTV, la interceptación y retención automática del tráfico de internet y de telecomunicaciones, y el uso de inteligencia artificial para dar sentido a las enormes cantidades de datos recopilados. Por ello, aún estamos a tiempo en México de sancionar estas prácticas, antes de normalizarlas por aquellos que decían: “No somos iguales”.